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Instituto de Paz de EE.UU. cerró su oficina en
Colombia
El Instituto de Paz de EE.UU. (USIP) cerró su oficina en Colombia y suspendió
todos sus programas internacionales. Tras más de dos décadas de funcionamiento
en el país, el pasado 31 de mayo el equipo cesó actividades y las oficinas en
Bogotá fueron clausuradas.
USIP, creado en 1984 por el Congreso estadounidense, tenía como mandato
principal promover la resolución pacífica de conflictos y fortalecer la
democracia en regiones afectadas por la violencia. Durante más de 20 años, su
equipo en Colombia trabajó de la mano con líderes sociales de zonas rurales,
miembros de la Fuerza Pública, organizaciones civiles, centros de investigación,
representantes del sector privado y funcionarios públicos. Su labor se centró en
apoyar procesos de reconciliación, fortalecer capacidades institucionales y
promover la seguridad ciudadana en territorios afectados por el conflicto
armado.
Recientemente, USIP logró un triunfo judicial importante al poner fin a la
ocupación ilegal de su oficina por parte del poder Ejecutivo, un episodio que
generó tensiones y cuestionamientos sobre la autonomía y el respeto a la
cooperación internacional. Sin embargo, pese a esta victoria legal, el liderazgo
legítimamente restituido en Washington tomó la determinación de cerrar las
operaciones internacionales del Instituto.
Esta decisión fue recibida con preocupación por algunos sectores que destacaban
la importancia de mantener una presencia directa en los países en conflicto.
"Lamentable el cierre del programa de USIP en Colombia, cuyas contribuciones a
una mejor búsqueda de la paz en el país fueron importantes. Gracias al Congreso
de los Estados Unidos por esas contribuciones. Ojalá vuelvan pronto", dijo el
director de la Cerac, Jorge Restrepo.
En un mensaje de despedida, el Instituto agradeció a todas las personas y
organizaciones que acompañaron su labor durante estos años. Reconocieron el
compromiso de líderes sociales en la ruralidad, la colaboración de la Fuerza
Pública, el apoyo de organizaciones sociales y centros de investigación, así
como la cooperación de funcionarios públicos y actores del sector privado. “Ha
sido un enorme honor y privilegio”, expresaron, subrayando el valor de la
confianza y el trabajo conjunto.
Informe recomienda no adoptar niños colombianos en
Suecia
Un exhaustivo informe del gobierno sueco ha desatado una ola de preocupación y
debate en torno a las adopciones internacionales,
revelando un patrón alarmante de irregularidades y violaciones a los derechos
humanos que se extiende por décadas. La investigación, que recomienda una
prohibición total de estas adopciones, ha puesto en el punto de mira a varios
países de origen, incluyendo a Colombia.
Suecia, un país que ha adoptado a aproximadamente sesenta mil personas del
extranjero, con naciones como Corea del Sur, India, Colombia, China y Sri Lanka
a la cabeza, se enfrenta ahora a la cruda realidad de un sistema plagado de
abusos. La investigadora especial Anna Singer presentó sus
hallazgos a la ministra de Servicios Sociales, Camilla
Waltersson, exponiendo un panorama desolador de niños adoptados bajo
circunstancias ilegales y poco éticas.
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El informe detalla cómo, en numerosos casos, los padres biológicos no otorgaron
su consentimiento libre e informado. Se descubrió que algunos menores fueron
erróneamente declarados como muertos o representados por individuos que no eran
sus verdaderos tutores. Aún más preocupante es el hallazgo de deficiencias en la
documentación sueca, que contenía información falsa sobre los niños adoptados,
incluyendo fechas de nacimiento, datos de los padres y las razones detrás de la
adopción.
Singer indicó que el gobierno sueco estaba al tanto de estas irregularidades,
aunque el número exacto de casos no ha sido divulgado. Sin embargo, se ha
confirmado la existencia de tráfico de niños y adopciones ilegales desde los
años setenta, principalmente en adopciones privadas provenientes de Sri Lanka,
Colombia, Polonia y China.
La comisión investigadora no solo propone el reconocimiento oficial de estas
violaciones a los derechos humanos y una disculpa pública a los afectados, sino
que también sugiere que Suecia ponga fin a las adopciones internacionales e
impulse un apoyo prolongado para los adoptados y sus familias, según reportó
Euronews.
La investigación del Comité de Adopciones, establecida tras una publicación del
diario sueco Dagens Nyheter que destapó casos de "niños robados", reveló que la
documentación de adopción contenía información falsa sobre el estado de abandono
de los niños y la situación económica de sus padres biológicos, a menudo
obtenida sin el consentimiento voluntario e informado.
En Colombia, la situación cobra especial relevancia. La Corte Suprema de
Justicia ya ha advertido sobre el riesgo de violaciones a la diversidad étnica y
cultural al separar a niños indígenas de sus comunidades sin el debido proceso.
Un caso reciente en el que se ordenó suspender de inmediato el proceso de
adopción de dos niños de la comunidad Embera Katío por parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y un juzgado de familia en Bello,
Antioquia, sin el consentimiento de sus padres, ha puesto de manifiesto graves
fallas en la comunicación institucional y el respeto a los derechos de las
comunidades indígenas.
INPEC entrega nuevo rancho-cocina en penitenciaria
de Cartagena
Con una inversión superior a los $4.000 millones, el Gobierno nacional entregó
al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena
(La Ternera), el nuevo rancho-cocina, una obra para la dignificación de las
condiciones y el servicio de alimentación que beneficia más de 2.000 personas
privadas de la libertad.
El Ministerio de Justicia acompañó el acto en el que la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) entregó al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC) esta obra que es fundamental para el fortalecimiento
de la infraestructura penitenciaria en esta región del país.
En este espacio, el ministro de Justicia y del Derecho encargado, Augusto
Ocampo, destacó la importancia de esta obra para la garantía de los derechos
humanos en los centros penitenciarios, ya que cuenta con mejoras significativas
en los procesos de seguridad alimentaria, logística y control de insumos.
Además, la operación requerirá alrededor de 30 personas, lo que también
representa una mejora en el componente humano que respalda el servicio.
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“Este rancho, esta cocina, no es simplemente una obra física. Es la expresión
material del compromiso del Estado con el respeto a los derechos fundamentales
de quienes se encuentran privados de su libertad. Porque el encierro no puede
–ni debe– significar el abandono, y mucho menos la negación de lo esencial”,
dijo el ministro Ocampo.
La USPEC asumió la responsabilidad de finalizar integralmente el nuevo
rancho-cocina, que desde 2020 permanecía en obra gris y sin habilitación.
Gracias a esta gestión, fue posible completar las obras civiles, realizar las
adecuaciones técnicas necesarias y dotar completamente el espacio, para
garantizar su operatividad al 100 %.
Este proyecto incluyó obras civiles complementarias, la instalación de redes
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas y de extracción, el montaje de
sistemas de aire acondicionado, así como el equipamiento completo de la cocina y
la adecuación de la bodega para insumos alimentarios.
Fidel Ignacio Espitia, director encargado de la USPEC indicó que: “Este
proyecto, liderado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
responde al compromiso que hemos asumido como entidad del Estado: el de mejorar
de manera integral los servicios esenciales dentro del sistema penitenciario
colombiano, y hacerlo con enfoque en la calidad, la transparencia y el respeto
por los derechos humanos".
Donan terrero para la construcción del hospital de
la Paz en el Meta
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó la
escritura de un lote de ocho hectáreas donado por la familia Quintero,
encabezada por Ana Elvira Ruiz de Quintero, terreno ubicado en el departamento
del Meta, que será destinado para la construcción del Hospital de la Paz, el
primer centro médico en Colombia y América Latina especializado en la atención a
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
“Este terreno tiene un potencial enorme, no solo para la atención en salud, sino
para la educación, para la memoria y para la esperanza. El Gobierno Nacional
está comprometido con este proyecto tan significativo, donar este terreno de
ocho hectáreas no solo es un acto generoso, es un acto de amor por el país y por
las víctimas”, afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo
Alfonso Jaramillo.
Durante la firma, el ministro Jaramillo destacó también, el valor simbólico del
gesto de la familia Quintero, así como la importancia de unir esfuerzos
institucionales para hacer realidad un proyecto que dignifica a las víctimas.
Durante el acto, representantes de las víctimas de violencia sexual en el
conflicto armado expresaron su profundo agradecimiento a quienes han acompañado
su lucha. Hicieron un especial reconocimiento a Manuela, Olga, Eliezer y otras
víctimas que, con valentía, representan a quienes han sufrido estos hechos en
Colombia. Agradecieron también al Ministerio de Salud y Protección Social, a la
Unidad de Investigación y Acusación y a todos quienes han impulsado el proyecto
del Hospital de la Paz, un sueño que nació en 2016 y que hoy empieza a
materializarse con la donación del lote para su construcción.
Este proyecto es impulsado por la Unidad de Investigación y Acusación de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Fondo Colombia en Paz y cuenta con
el respaldo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.
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