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Golpe al narcotráfico en el
Eje Cafetero: incautadas cinco toneladas de marihuana
En una operación coordinada por la Policía Nacional, fueron
incautadas cinco toneladas de marihuana en la vía que conecta
Mediacanoa con La Virginia, en el departamento de Risaralda. El
hallazgo, según confirmaron las autoridades, representa uno de los
golpes más contundentes al narcotráfico en lo que va del año en la
región.
El cargamento, que tenía como destino el departamento de Antioquia,
viajaba oculto entre productos de aseo en un tractocamión procedente
de Cali. El conductor del vehículo fue capturado en el acto y
enfrenta cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes
agravado.
“Este tipo de operativos no solo evidencian la capacidad de las
organizaciones criminales para mimetizar sus actividades, sino
también la eficacia de nuestros uniformados en los corredores
estratégicos del país”, afirmó el brigadier general Carlos Fernando
Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, a través de su
cuenta oficial en X.
El valor estimado de la droga incautada en el mercado ilegal supera
los 10.000 millones de pesos. Según las autoridades, este alijo iba
dirigido a redes de distribución en el Eje Cafetero, el centro del
país y, especialmente, Antioquia, una de las regiones donde las
estructuras del narcotráfico mantienen influencia y mercado.
La vía Mediacanoa - La Virginia se ha convertido en un punto clave
para las rutas del narcotráfico, debido a su conexión estratégica
entre el suroccidente del país y el interior. Esta incautación se
suma a otras acciones adelantadas por la Policía en 2025, año en el
que ya se han decomisado más de 120 toneladas de marihuana en
distintos operativos.
El caso ha despertado preocupación entre los habitantes de la
región, quienes ven cómo estas rutas de tráfico atraviesan zonas
rurales y poblaciones vulnerables. Para muchos, cada tonelada
incautada representa no solo una victoria institucional, sino un
respiro para sus comunidades.
Reabrirán vía entre
La Celia y Balboa: un paso clave para la reactivación regional
Con un compromiso que supera los $8.000 millones, el gobernador de
Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, anunció este martes una
solución definitiva para la crítica pérdida de banca
en el sector de Cachipay, una falla que desde hace semanas mantiene
incomunicados a los municipios de La Celia y Balboa. La vía, vital
para el transporte de productos agrícolas y la conexión entre ambas
localidades, ha sido escenario de frustración y dificultades para
cientos de familias que dependen de ella para su sustento.
El anuncio se dio tras una reunión con los concejales de los dos
municipios, quienes
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respaldaron el plan de intervención.
“Desde el primer día activamos un plan de acción para responder a esta
emergencia”, dijo el mandatario. En efecto,
se declaró la calamidad pública y se priorizaron 46 puntos
críticos en el departamento, pero solo Cachipay cuenta por ahora con recursos
para su intervención inmediata.
En medio del cierre, las autoridades han desplegado maquinaria amarilla para
mantener habilitadas vías alternas. La ruta La Marina–Pueblo Abajo–La Celia, por
ejemplo, ha sido acondicionada y se encuentra en buen estado. Lo mismo ocurre en
Balboa, donde se han garantizado accesos hacia el Ingenio Risaralda y La
Virginia. Estas medidas, aunque temporales, han sido esenciales para evitar el
aislamiento total de comunidades rurales.
Carlos José Agudelo Ortiz, concejal de La Celia, agradeció el esfuerzo del
gobierno departamental, pero subrayó que la urgencia es enorme. “La economía
local no da espera. Necesitamos que la obra arranque cuanto antes”, señaló.
El gobernador fue enfático en pedir a la ciudadanía no transitar por la vía
principal mientras persista el riesgo. “Está completamente inhabilitada. Quienes
la usan ponen en peligro su vida”, advirtió. Las autoridades locales apoyan esta
medida y piden conciencia a la comunidad.
Con esta inversión, el gobierno de Patiño Ochoa apuesta no solo por restablecer
la movilidad, sino por reactivar la economía de una región que vive del campo.
La esperanza es que, más allá de la emergencia, esta obra marque el inicio de un
desarrollo vial más sólido para Risaralda.
El caso de una niña embera torturada reabre el
debate sobre la violencia en comunidades indígenas
El estremecedor caso de una adolescente embera de 17 años, amarrada al techo de
una choza y golpeada con palos por varios hombres en el resguardo Gitó Dokabú,
ha desatado una ola de indignación en Risaralda y en todo el país. El video del
acto, que se volvió viral en redes sociales, dejó al descubierto una realidad
que durante años ha permanecido silenciada: la violencia sistemática que
enfrentan mujeres y niñas en comunidades indígenas.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó la zona y no dudó en calificar lo
sucedido como una muestra de “agresividad estructural contra las mujeres”.
Aseguró que este no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de un
patrón de abusos que exige respuestas urgentes por parte del Estado y de la
sociedad.
Juliana Dminico, vocera de la Confederación de la Gran Nación emberá, fue
enfática al declarar que lo vivido por la menor es solo la punta del iceberg.
“El maltrato y la violencia son parte del día a día. No podemos seguir
permitiendo que esto se justifique bajo la excusa de tradiciones culturales”,
dijo. Además, señaló que muchas víctimas callan por temor a represalias o por la
falta de rutas claras para denunciar dentro de sus territorios.
La reacción no se ha hecho esperar. Desde la Gobernación de Risaralda hasta
organizaciones de mujeres indígenas, la exigencia de justicia es un clamor
común. Ángela Maya, rectora del
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colegio Dachi Dada
Kera, elevó una solicitud al Ministerio del Interior para que se implementen
medidas de protección reales y sostenidas para las mujeres indígenas.
Por su parte, las autoridades del resguardo aseguraron haber detenido a los
responsables, quienes permanecen bajo la jurisdicción especial indígena. Sin
embargo, ya se adelantan conversaciones con la Fiscalía para determinar posibles
sanciones penales.
Mientras tanto, mujeres indígenas de Pueblo Rico se han organizado en asamblea
para alzar la voz. “Estamos cansadas del silencio. Esta vez no vamos a permitir
que la historia se repita”, expresó una de las asistentes.
El país observa. Y las comunidades, desde lo profundo de la selva y el dolor,
exigen un cambio.
Gobernador de Risaralda advierte falta de recursos
para alimentar sindicados y pide aplazar nuevo esquema
En medio de una compleja encrucijada presupuestal, el gobernador de Risaralda,
Juan Diego Patiño, solicitó formalmente aplazar la implementación del nuevo
esquema de alimentación para personas privadas de la libertad en centros de
detención transitorios, ante la imposibilidad del departamento de asumir esa
responsabilidad sin recursos adicionales.
El pronunciamiento fue hecho durante la primera sesión de la Comisión
Departamental de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema
Penitenciario, donde participaron actores del sistema judicial, autoridades
locales y delegados técnicos. Patiño fue claro: "No se trata de eludir nuestras
obligaciones, sino de exigir garantías reales para poder cumplir. Hoy no tenemos
cómo financiar este programa sin afectar otros sectores sensibles como la
niñez".
La preocupación surge a raíz de la entrada en vigor de una ley que transfiere a
los gobiernos departamentales la obligación de garantizar la alimentación en
dichos centros. Según el mandatario, el cambio normativo pone a departamentos
como Risaralda “entre la espada y la pared”, con un presupuesto ya comprometido
en otras áreas críticas.
Durante la reunión, también se abordaron temas clave como el avance en la
construcción del nuevo centro penitenciario El Pílamo, en el corregimiento de
Combia. Aunque la obra avanza, el gobernador anunció un llamado urgente a la
USPEC para intervenir la vía de acceso al penal, actualmente en mal estado.
Patiño insistió en que la institucionalidad debe mantenerse unida frente a estas
problemáticas. “No podemos seguir teniendo mesas sin quórum o con poca
participación. Necesitamos a todas las entidades aquí, activas, para tomar
decisiones que impacten verdaderamente a nuestra población reclusa”, enfatizó.
El mandatario también anunció que ya se dio luz verde para modificar el decreto
que regula la comisión de seguimiento, lo que permitirá ajustarla a las
realidades del territorio y garantizar su operatividad efectiva. Por ahora, la
incertidumbre se mantiene mientras se espera una respuesta nacional a su
petición.
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