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Atentado contra Miguel Uribe sacude a Bogotá y
enciende alertas en el panorama político colombiano
Bogotá vive horas de incertidumbre y conmoción tras el atentado contra el
senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde
del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia, localidad de
Fontibón. El dirigente político, de 39 años, recibió varios impactos de bala
mientras saludaba a simpatizantes en un evento público. Su estado de salud es
grave, según confirmó la Clínica Colombia, donde permanece bajo estricta
observación médica.
Uribe, reconocido por su discurso crítico frente al gobierno nacional y su
trayectoria dentro del partido Centro Democrático, fue atacado por un hombre
armado cuando se encontraba a escasos metros de un grupo de ciudadanos que lo
acompañaban. Según testigos, el agresor disparó sin previo aviso, generando
momentos de pánico entre los asistentes. Las autoridades reaccionaron
rápidamente y confirmaron la captura de dos personas presuntamente involucradas
en el atentado. Otra persona resultó herida durante el cruce de disparos.
Este hecho ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por la
gravedad del ataque, sino por lo que representa para la democracia en Colombia.
En un país que aún no supera las heridas de la violencia política, el atentado
contra un líder en plena carrera hacia la presidencia revive temores colectivos
y cuestiona la efectividad de las medidas de seguridad para los candidatos en
contienda.
Horas antes del atentado, Uribe había publicado un video en el que rechazaba una
posible consulta popular promovida desde el gobierno. “Ministro que firme el
decreto convocando a la consulta popular, lo denunciaré por prevaricato. Primero
la constitución, primero, el pueblo colombiano”, expresó con firmeza, dejando
ver la intensidad del debate político actual.
Miguel Uribe no es un desconocido para el electorado colombiano. Es abogado de
la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en políticas públicas en
la misma institución y en Harvard. Inició su carrera política como concejal en
2012, fue Secretario de Gobierno de Bogotá en 2016, se postuló a la Alcaldía de
la capital en 2019, y desde 2022 ocupa una curul en el Senado. Es nieto del
expresidente Julio César Turbay Ayala y su vida ha estado marcada por la
tragedia: su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 en un fallido
operativo de rescate tras ser secuestrada por el Cartel de Medellín.
Desde distintos sectores políticos han llegado mensajes de rechazo al atentado y
de solidaridad con su familia. El Centro Democrático calificó el ataque como “un
acto inaceptable que pone en riesgo la vida de un líder político y atenta contra
la democracia”. También hicieron un llamado urgente a las autoridades para
esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras el país espera noticias sobre la evolución médica del senador, crece la
exigencia ciudadana para que se garantice un proceso electoral libre de
violencia. La democracia colombiana no puede permitirse más heridas abiertas.
Resolver fallas en entrega de medicamentos en Montería pide Defensoría
En respuesta a las múltiples quejas presentadas por la ciudadanía
frente a las dificultades y barreras en el acceso oportuno
a medicamentos esenciales, la Defensoría del Pueblo inspeccionó a los gestores
farmacéuticos en Montería, con el objetivo de garantizar la continuidad en la
atención en salud.
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Durante la visita a
las sedes de la farmacia Audifarma, ubicadas en la zona céntrica de la capital
cordobesa, se evidenció que el sistema de
turnos (digiturno) no está en funcionamiento, lo que obligó a implementar un
mecanismo manual sin tiquete numerado. Esta situación genera desorden, confusión
y malestar entre los usuarios.
Además, el tablero electrónico de llamados tampoco funciona, lo que agrava el
panorama y retrasa la atención. Varios ciudadanos expresaron su inconformidad
ante la cantidad de medicamentos pendientes por entregar, incluyendo
tratamientos para enfermedades de base o crónicas como hipertensión, diabetes,
afecciones cardíacas, cáncer, enfermedades renales y patologías huérfanas, entre
otras.
En la farmacia Logifarma, las servidoras y servidores de la regional Córdoba
también constataron un alto número de pendientes en la entrega de medicamentos,
sumado a que el local donde opera es pequeño y no garantiza condiciones
adecuadas para la atención al público. Entre los medicamentos reportados como no
entregados (o posiblemente desabastecidos o descontinuados por los laboratorios)
se encuentran: insulina, fenitoína, vildagliptina, levotiroxina, olmesartán +
amlodipino, valsartán + amlodipino, atorvastatina, ezetimiba, carvedilol y
pregabalina, todos de uso fundamental para la estabilidad de pacientes crónicos.
Asimismo, en la sede de la farmacia Profharma, ubicada en la calle 32 con
carrera 5, se documentó una situación similar con múltiples pendientes en la
entrega de medicamentos. Esta problemática se agrava especialmente en el caso de
las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, como Nueva EPS,
Coosalud y Sanitas, las cuales presentan serias dificultades para garantizar la
entrega oportuna de medicamentos a sus afiliados a través de sus operadores
farmacéuticos. Esta deficiencia ha incrementado de forma significativa las
acciones de tutela e incidentes de desacato por parte de los usuarios.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las EPS, a los operadores
farmacéuticos y a las entidades territoriales de salud para que adopten medidas
inmediatas y eficaces que garanticen la entrega completa, oportuna y digna de
los medicamentos, sin dilaciones ni excusas administrativas, especialmente
cuando se trata de tratamientos para enfermedades de alto riesgo o permanentes.
El desabastecimiento o la entrega fragmentada pone en riesgo la vida y la
integridad de miles de personas, y constituye una vulneración directa del
derecho fundamental a la salud.
El CICR entrega nuevo puesto de salud en El
Plateado, Cauca
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este jueves un nuevo
puesto de salud en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.
El proyecto fue impulsado por las juntas de acción comunal y la comunidad en
general, y construido por el CICR tras tres años de trabajo conjunto.
La construcción de este nuevo espacio fue priorizada debido a las afectaciones
que los conflictos armados han generado recientemente en la infraestructura de
salud y en el acceso a servicios básicos en la región. El CICR identificó, junto
con la comunidad, la necesidad de un predio seguro y adecuado
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para garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la
atención sanitaria a la población civil y a todas las personas que la necesiten.
El puesto de salud, que será operado por la ESE Suroccidente, busca contribuir a
facilitar y fortalecer el acceso a los servicios de salud y restablecer las
condiciones mínimas de bienestar para una comunidad que ha enfrentado
múltiples consecuencias humanitarias en el último año.
“Este es un proyecto importante para el CICR porque responde a una necesidad
humanitaria concreta en una región fuertemente impactada por los conflictos
armados. El Plateado ha vivido graves afectaciones en la asistencia en salud, y
por eso la entrega de este puesto representa una mejora significativa para
quienes necesitan atención médica”, afirmó
Giovanna De Meneghi, delegada del CICR para el sur del Cauca.
El CICR recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, los
heridos, los enfermos, la población civil y, por ende, la asistencia de salud
debe ser respetada y protegida en todo momento. Las instalaciones y vehículos
sanitarios no deben ser atacados ni utilizados con fines incompatibles con su
función sanitaria; el personal de salud debe ser protegido y respetado y debe
poder ejercer su labor de manera neutral e imparcial sin interferencias, y las
personas con necesidades en salud deben recibir atención oportuna y sin
restricciones.
El CICR reitera su compromiso de trabajar, de manera neutral, imparcial e
independiente, junto a las comunidades afectadas por los conflictos armados en
Colombia, para mitigar sus consecuencias y proteger a quienes más lo necesitan.
Al menos 600 familias damnificadas dejan lluvias
en Yondó, Antioquia
Al menos 600 familias resultaron damnificadas tras las intensas lluvias que se
registraron en las últimas horas en este municipio del Magdalena Medio
antioqueño. La emergencia fue provocada por el desbordamiento de un caño
colector, que afectó gravemente sectores vulnerables tanto del casco urbano como
de la zona rural.
Los asentamientos OPV Casabe y Las Vegas fueron los más impactados por la
creciente, luego de que el agua ingresara a las viviendas y causara pérdida de
enseres, alimentos, útiles escolares y electrodomésticos. “Esta lluvia, al
llegar a un alto índice, estos caños prácticamente llegan a las casas y dañan
todo”, explicó el alcalde de Yondó, Yerson Ariza.
Plan de contingencia
Ante la magnitud de la situación, la Alcaldía de Yondó activó un plan de
contingencia en conjunto con la comunidad. Se construyeron diques improvisados
con sacos de arena y tierra para intentar frenar el avance del agua y proteger
las viviendas.
Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Cinco barrios del casco urbano
presentan afectaciones severas, y persiste la alerta por una posible nueva
creciente del río Magdalena, que semanas atrás ya obligó a declarar calamidad
pública por la afectación de más de 1.000 familias en 17 veredas.
El alcalde Ariza manifestó su preocupación por la ausencia de ayudas por parte
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pese a
las reiteradas emergencias que ha enfrentado el municipio en las últimas
semanas. Por ahora, se espera la llegada urgente de asistencia del DAGRAN
(Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia).
Los organismos de socorro continúan en labores de censo de damnificados,
atención inmediata y coordinación de ayudas humanitarias, en medio de una
temporada invernal que no da tregua en el departamento de Antioquia.
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