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Observaciones de niños reclutados por las Farc
serán recibidas por las JEP
Tras establecer la máxima responsabilidad de seis antiguos miembros del
secretariado de las Farc-EP por el reclutamiento y la utilización de niños, así
como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la
vida intrafilas, incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias
sexuales, reproductivas y por prejuicio, y determinar cinco patrones
macrocriminales, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP avanza en la
investigación regional de estos crímenes.
Durante los próximos tres meses recibirá las observaciones de las víctimas
acreditadas para participar en el proceso judicial sobre las versiones rendidas
ante la Jurisdicción por los exmandos medios de la antigua guerrilla. Para ello,
la magistratura ordenó trasladarles las versiones voluntarias de 44
exintegrantes de los Bloques Sur, Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto
Central, Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP, para que presenten sus
observaciones sobre lo dicho por los comparecientes en el Caso 07.
A la fecha, 10.065 víctimas se han acreditado para participar en esta
investigación. De ellas, 8.903 pertenecen a los pueblos indígenas Hitnü, Sikuani,
Koreguaje, Barí y Cubeo, mientras que 1.162 son víctimas individuales. En
relación con los hechos atribuidos al Bloque Sur de las extintas Farc-EP, la
sala ha acreditado a 255 víctimas; al Comando Conjunto Central, 107; al Bloque
Magdalena Medio, 71; al Bloque Noroccidental, 60; al Bloque Occidental, 52; y al
Bloque Caribe, 34. Además, 588 víctimas individuales han sido acreditadas
específicamente por hechos relacionados con el Bloque Oriental.
Las observaciones de las víctimas a las declaraciones de los exmandos medios de
las extintas Farc-EP comenzaron en octubre de 2024 en Villavicencio. En esa
ocasión, más de 60 víctimas sobrevivientes del reclutamiento y familias de niños
desaparecidos presentaron sus observaciones a las versiones rendidas por 25
exintegrantes del Bloque Oriental de las Farc-EP. Para continuar recogiendo
estas observaciones y escuchar a las víctimas que se han acreditado
recientemente, la magistratura habilitará un nuevo espacio durante la audiencia
presencial que se llevará a cabo en mayo.
Los seis imputados a los que la JEP llamó a reconocer su responsabilidad son
Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel
Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos.
La magistratura determinó que cada uno de ellos, a través de sus acciones y
omisiones durante su vida activa en la guerrilla, es responsable de los
siguientes patrones macrocriminales:
Reclutamiento y utilización de niñas y niños, incluidas personas menores de
15 años.
Malos tratos, torturas y homicidios contra niñas y niños reclutados en el marco
de su vida intrafilas.
Violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas.
Violencias sexuales contra niñas y niños reclutados.
Violencias basadas en el prejuicio contra niñas y niños reclutados con
orientación sexual, identidad o expresión de género diversas.
Ataques letales contra líderes sociales aumentaron
un 8,3% en 2024
Este lunes la Misión de Observación Electoral (MOE) entregó el informe sobre
violencia contra líderes y lideresas sociales, revelando
un incremento del 8,3% en los ataques letales, donde se incluyen asesinatos y
atentados, durante 2024. Esta cifra alarmante refleja una creciente
vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y de quienes lideran
movimientos sociales en un contexto de altos niveles de violencia en varias
regiones del país.
Según la Moe, los líderes políticos fueron uno de los grupos más afectados, con
un total de 233 hechos de violencia. A pesar de que la violencia general mostró
una disminución en ciertos tipos de agresiones, los ataques fatales siguen
siendo una de las principales preocupaciones, siendo los departamentos de Cauca,
Antioquia y Valle del Cauca, los más afectados por la violencia.
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El 85,6% de los ataques ocurrieron
en municipios con presencia activa de los grupos armados ilegales, evidenciando
la necesidad urgente de fortalecer las políticas de seguridad y protección en
las zonas más afectadas.
Por otro lado, los líderes comunales vieron un aumento del 60% en las
agresiones, con un 50.9% de ellas siendo letales, lo que los convierte en uno de
los grupos más vulnerables.
Aunque el total de hechos violentos disminuyó un 12,6% en comparación con 2020,
los ataques letales, que incluyen asesinatos y atentados, se mantienen como una
grave preocupación. Estos constituyen el tercer año más violento desde que la
MOE comenzó a monitorear estos casos. Las amenazas, con un 49.8% de los casos,
fueron el tipo de agresión más frecuente, seguidas por los asesinatos (21,8%) y
atentados (20,1%).
A pesar de algunos avances, la violencia contra líderes sigue siendo un desafío
grave para Colombia. Las políticas de seguridad deben enfocarse en proteger a
estos actores clave, especialmente en territorios con alta presencia de grupos
ilegales y en las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), que
registraron una alta tasa de ataques letales. El informe subraya la necesidad de
un enfoque integral para garantizar la seguridad de quienes trabajan por la
democracia y la justicia social en el país.
Recomendaciones de la MOE
El panorama actual refleja que, si bien ha habido una reducción en la cantidad
total de hechos violentos, la persistencia de ataques letales y la focalización
de la violencia en ciertos territorios y liderazgos sigue siendo un desafío
crítico para la protección de quienes ejercen funciones de liderazgo en el país.
La continuidad de la violencia posterior a los procesos electorales, la
incidencia de los grupos armados ilegales y la vulnerabilidad de ciertos
sectores de la población requieren respuestas coordinadas y efectivas.
Por ello, la MOE destaca la necesidad de fortalecer las estrategias de
protección a estos grupos, entre los cuales recomendó de forma general las
siguientes actividades:
Fortalecer los mecanismos de protección colectiva, complementando la protección
individual de la UNP con estrategias comunitarias.
Establecer desde la UNP acciones de intercambio de información con
organizaciones de sociedad civil con el fin de iniciar de manera oficiosa los
estudios de seguridad requeridos.
Garantizar que las autoridades locales asuman un rol activo, priorizando
laprevención y articulación interinstitucional.
Adaptar medidas de protección al contexto de las comunidades, incluyendo
sistemas de vigilancia, medios de comunicación y movilidad segura.
Involucrar a la sociedad civil en la formulación de estrategias de protección,
permitiendo la detección temprana de riesgos.
Capacitar a líderes y funcionarios en derechos humanos y mecanismos de denuncia.
Reforzar el enfoque diferencial en las políticas de protección, considerando
factores de género, identidad étnica, orientación sexual y características del
territorio.
¿En qué va la reconstrucción de Mocoa tras
avalancha del 2017?
El 31 de marzo de 2017, una avenida torrencial arrasó con gran parte de Mocoa,
dejando un saldo trágico de más de 330 muertos, 400 heridos y cientos de
desaparecidos. La tragedia
expuso la vulnerabilidad de la ciudad y la falta de obras de mitigación del
riesgo. A pesar de las promesas de diferentes administraciones, la
reconstrucción avanzó lentamente, con múltiples retrasos, contratos incumplidos
y escasos resultados concretos para los damnificados.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) del gobierno
Petro entregó un balance sobre la reconstrucción de Mocoa, tras ocho años de la
avenida torrencial que destruyó la capital putumayense.
De acuerdo con el Gobierno, en siete meses, bajo la administración de Carlos
Carrillo, la UNGRD logró destrabar un proyecto que estuvo paralizado por años.
El panorama en Mocoa era desolador: de las 1.209 viviendas urbanas prometidas,
solo se entregaron 300 en Sauces I.
Aunque en 2019 se contrataron las 909 casas adicionales, solo se avanzó en la
construcción de 168 viviendas en Sauces II, las cuales quedaron inconclusas e
inhabitables debido a incumplimientos contractuales.
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Retrasos y nuevos avances
El proyecto enfrentó corrupción, incumplimientos y falta de voluntad política,
lo que generó desconfianza en la población. Sin embargo, el Gobierno contrató la
obra con EnTerritorio, destinando inicialmente $80.750 millones para completar
Sauces II, con posibilidad de ampliar el presupuesto a $150.000 millones.
En los últimos cuatro meses, cerca de 250 refugios improvisados fueron
desocupados voluntariamente en el predio de Sauces II, permitiendo el inicio de
las obras. Aún quedan 35 familias por reubicar con apoyo de la Alcaldía de
Mocoa.
Obras preliminares en marcha
La UNGRD ya comenzó el cerramiento del área, topografía y alistamiento del
terreno, priorizando la contratación de mano de obra entre los damnificados
inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD).
Además, se han destinado $3.200 millones en subsidios de arriendo para cerca de
800 familias mientras culminan las obras.
Infraestructura y mitigación del riesgo
En abril quedará contratada la construcción de la plaza de mercado por $37.000
millones, lo que impulsará la economía local. También se planea un parque lineal
en San Miguel, San Fernando y Los Pinos para reducir el riesgo y ofrecer
espacios recreativos.
Para mejorar el acceso al agua, la UNGRD destinará un carrotanque que abastecerá
a las comunidades más necesitadas.
En paralelo, se realizan trabajos de descolmatación en ocho puntos críticos de
los ríos Sangoyaco, Taruca, Mulato y Mocoa, reduciendo el riesgo de crecientes
súbitas.
Sistema de Alertas Tempranas en proceso
En abril se publicará la licitación para el Sistema de Alertas Tempranas (SAT),
el cual será adjudicado en mayo. Este sistema permitirá monitorear el
comportamiento de los ríos y alertar a la población ante posibles emergencias.
La reconstrucción de Mocoa avanza con proyectos concretos. La UNGRD sigue
trabajando junto a la comunidad para cumplir con las viviendas prometidas y
garantizar un futuro más seguro para todos.
Tres muertos y 33 heridos en accidente en vía
Bogotá-Tunja
Tres personas muertas y al menos 33 heridos dejó un grave accidente de tránsito
en la vía Bogotá - Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, sector El
Roble. Luego de que dos buses de transporte público chocarán, al parecer, por
exceso de velocidad.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó el siniestro vial,
asegurando que dos de las víctimas se encuentran en estado de gravedad, siendo
atendidos en uno de los hospitales cercanos al lugar donde ocurrió el accidente.
"Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos: 15 pacientes fueron
remitidos a Tocancipá, 1 al Hospital Regional de Zipaquirá, 9 a la Clínica La
Sabana —de los cuales dos se encuentran en estado grave—, 3 al hospital de
Sesquilé, uno al Hospital de Sopó y varios más fueron valorados en el Hospital
San Luis de Cajicá", indicó el gobernador a través de su cuenta de X.
Las autoridades continúan investigando las posibles causas del siniestro, así
como la identificación de las víctimas.
Medidas tomadas por la Gobernación de Cundinamarca
El gobernador Jorge Emilio Rey solicitó a la Secretaría de Movilidad del
departamento, realizar las siguientes acciones frente al lamentable suceso:
Coordinar con todas las entidades competentes para atender la emergencia.
Identificar las causas del aumento de la siniestralidad en este sector e
implementar medidas a corto plazo para mejorar la seguridad vial.
Gestionar con los administradores del corredor acciones efectivas ante esta
problemática.
Trabajar con los gerentes y conductores de las empresas involucradas para
prevenir estas conductas de manejo agresivo.
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