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Concejales piden a Galán implementar la Ley Rosa
para enfrentar la desaparición de menores en Bogotá
El pasado 21 de octubre, los concejales de Bogotá María Clara Name y Rolando
González enviaron una carta al alcalde Carlos Fernando Galán solicitando la
implementación urgente de la Ley Rosa, una legislación que busca consolidar la
información oficial sobre la desaparición voluntaria e involuntaria de personas
en la ciudad, en particular menores de edad. Esta iniciativa se enmarca en la
necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección para las
víctimas.
La Ley Rosa, que se basa en la Alerta Amber, creada en Estados Unidos tras el
rapto y asesinato de la niña Amber Hagerman en 1996, propone un sistema
multicanal de difusión masiva que involucra a diversas instituciones públicas y
privadas para la pronta localización de personas desaparecidas. Esta legislación
no solo se centra en menores de edad, sino que también abarca a jóvenes y
mujeres, quienes son particularmente vulnerables a otros tipos de violencia,
como feminicidio, tráfico de personas y explotación sexual.
¿Qué implica la Ley Rosa?
Según los concejales Name y González, la implementación de la Ley Rosa no
representaría un costo fiscal adicional para el Distrito, pues podría ser
atendida con los recursos ya asignados a la Secretaría de Seguridad y dentro del
programa “Bogotá avanza en seguridad”. El objetivo de esta ley es garantizar la
vida, libertad, seguridad e integridad de las personas desaparecidas mediante un
sistema de búsqueda inmediato y coordinado, que permita activar la difusión de
información de manera oficial y no exclusivamente a través de redes sociales.
Este mecanismo, ya en funcionamiento en varios países europeos con tasas de
éxito cercanas al 93%, también ha demostrado su efectividad en Estados Unidos,
donde ha logrado recuperar a más del 89% de los menores desaparecidos. En
Colombia, la implementación de la Ley Rosa permitiría fortalecer los esfuerzos
locales para hacer frente al preocupante fenómeno de las desapariciones en
Bogotá, ciudad que concentra el 40% de los reportes de personas desaparecidas a
nivel nacional.
El panorama de las desapariciones en Bogotá
Las cifras de desapariciones en Bogotá son alarmantes. Durante 2023, se
registraron 2.378 desapariciones en la ciudad, es decir, un promedio de seis
personas por día. De estos casos, los menores de 15 años representaron el grupo
más afectado, con 797 reportes, seguido por personas entre los 20 y 29 años, con
533 casos. En lo que va de 2024, hasta abril, ya se han reportado 705
desapariciones, de las cuales 19 personas aparecieron fallecidas, 264 fueron
encontradas vivas, y 422 continúan desaparecidas.
Este escenario resalta la necesidad urgente de fortalecer las herramientas de
búsqueda y coordinación entre las autoridades para abordar el fenómeno. La Ley
Rosa propone la creación de equipos locales de búsqueda que involucren a
diversas entidades, desde cuerpos de bomberos y juntas de acción comunal, hasta
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, para agilizar la
localización de las personas desaparecidas.
Funcionamiento de la Alerta Rosa
Cuando se denuncia una desaparición, la Ley Rosa establece un protocolo de
actuación que inicia con el registro del caso en una base de datos alojada en la
página web oficial de la Alerta Rosa. De inmediato, se envía un mensaje de texto
masivo a las entidades públicas y a la ciudadanía suscrita para recibir este
tipo de alertas. Posteriormente, los medios de comunicación y las autoridades en
puertos, aeropuertos y fronteras reciben la información para evitar la salida
del desaparecido del país.
En cuanto a las responsabilidades, la Policía Nacional tiene la tarea de
coordinar los equipos locales de búsqueda y asegurar que se tomen las acciones
necesarias en las primeras seis horas tras la denuncia. La Fiscalía, por su
parte, es responsable de financiar el Plan de Búsqueda, así como de elaborar
políticas de prevención y coordinar las pruebas científicas necesarias para la
localización de la persona desaparecida.
Además, la Ley Rosa prevé sanciones para los funcionarios públicos que omitan,
retrasen o se nieguen a ejecutar las acciones inmediatas de búsqueda, pudiendo
ser separados de su cargo y enfrentarse a responsabilidades administrativas,
penales y civiles.
La urgencia de la implementación en Bogotá
La solicitud de los concejales Name y González busca que el alcalde Galán dé
prioridad a la implementación de esta legislación, considerando la gravedad del
fenómeno de las desapariciones en la capital. Hasta el momento, la
administración distrital no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la
petición, pero se espera que en los próximos meses se den pasos concretos hacia
la adopción de este sistema.
La Ley Rosa no solo representa una herramienta para la localización de personas
desaparecidas, sino también un mecanismo clave para prevenir que, tras su
desaparición, las víctimas puedan ser objeto de otros tipos de violencias
basadas en género. La coordinación efectiva entre las autoridades y la sociedad
civil será fundamental para garantizar el éxito de esta
iniciativa y, sobre todo, la protección de los menores y mujeres que se
encuentran en situación de vulnerabilidad en Bogotá.
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NSO Group confirma compra de ‘Pegasus’ y dijo
que fue una transacción legal
NSO GROUP, la firma israelí dueña del software espía ‘Pegasus’, confirmó ayer
que vendió ese programa a Colombia, aclarando que fue una operación legal. En
este sentido esta compañía contradice al presidente Petro, quien denunció en
septiembre que fue una negociación irregular en el anterior gobierno y que
incluso se habrían usado dineros del narcotráfico.
La dueña de ‘Pegasus’ dijo en un escueto comunicado que “NSO es una empresa
respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo
con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países.
Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad”.
NSO Group hizo este pronunciamiento después de que el martes pasado Petro dio
nuevos detalles, según él, de esta negociación.
“En el vuelo fletado M-ABGG viene el 25 y sale el 26 de junio del 2021 el
ciudadano israelí Oded Gindi con Yehuda Lahav, director de negocios de NSO Group,
propietario del software Pegasus, aterriza en el hangar de la policía
antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado, y se llevan USD 5,5 millones
entregados por funcionarios del gobierno Duque para la compra de Pegasus”,
aseguró el presidente.
Añadió que “en el segundo vuelo llega el avión T7CPX de Tel Aviv el 17 de
septiembre del 2021 y regresa a esa ciudad el 18 de septiembre del 2021. En este
vuelo, además de Oded Gindi, vienen los ciudadanos israelíes Moshe Sahar, quien
posiblemente ya había hecho contratos de cyberdefensa con la DIPOL en el 2013 y
ni más ni menos, que el mismísimo director Global de seguridad de NSO Group: Ran
Gonen, que se lleva los otros 5,5 millones de dólares”.
El presidente anunció que enviará a la Fiscalía y a la Procuraduría los nuevos
documentos que demostrarían el ingreso y la salida irregular de cuatro
ciudadanos israelíes a Colombia en dos vuelos, con destino final a la ciudad de
Tel Aviv, al parecer, incurriendo en el presunto delito de lavado de activos.
Sin embargo, el mandatario no entregó detalles de cuál es el origen de esa nueva
información o si hace parte del documento que dio a conocer a principios de
septiembre pasado en una alocución televisada al país, que envió al director de
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, la IMPA, la
entidad israelí equivalente, en el que registra que en julio o agosto de 2021,
un banco israelí informó un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en
una cuenta de NSO Group Technologies Limited, relacionado con un acuerdo por 11
millones de dólares para comprar el software ‘Pegasus’.
Como consecuencia, de que el jefe de Estado reveló ese documento confidencial,
el Egmont Group of Financial Intelligence Units, que se ocupa de inteligencia
financiera del mundo, suspendió temporalmente a Colombia por la violación a la
confidencialidad de información.
Petro ha dicho que ‘Pegasus’ habría servido para hacer chuzadas ilegales e
incluso para supuestamente infiltrar su campaña en 2022.
¿Qué ha dicho el anterior Gobierno?
Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República en la anterior administración, reiteró en un comunicado esta semana
que “el presidente Iván Duque y desde la Presidencia siempre se impartió la
instrucción a los funcionarios de actuar conforme a la ley y la Constitución”.
Añadió que desde la Casa de Nariño “en ningún momento se ordenó, avaló o entregó
lineamiento alguno para negociar o comprar
plataformas como ‘Pegasus’”
Enfatizó Muñoz que “es fundamental que la Fiscalía investigue y publique toda la
información relacionada con este caso, y de esta forma poder desmentir la
narrativa fabricada con base en especulaciones y falsas acusaciones al gobierno
del expresidente Iván Duque”.
Hace pocos días, el expresidente Duque sostuvo que “desde la Presidencia de la
República nunca se ordenó la adquisición del software denominado ‘Pegasus’ por
parte del Estado colombiano”.
Entregan 35.6 km de proyecto 4G Santana
– Mocoa – Neiva
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entregó 35.6 km que incluyen la
rehabilitación de la vía existente entre Gigante y Garzón en el Huila y la
construcción de la variante de Gigante que hacen parte de la Unidad Funcional 3.
Estas obras son de gran relevancia, dado que benefician a más de 3.000.000 de
habitantes en tres departamentos: Putumayo, Cauca y Huila y 16 municipios de la
zona de influencia.
Con una inversión de $303.347 millones (Cifras CAPEX de 2023), en la unidad
funcional 3, sobresale además de la variante de Gigante de 5 kilómetros de
longitud, en calzada bidirecccional, la construcción de
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tres viaductos, entre ellos, el puente de Gigante 3, que
tiene una longitud de 206 metros y una altura máxima de 35 metros y se
constituye en un hito para la región.
Además de la construcción de tres pasos a vías veredales y dos glorietas en los
sectores norte y sur que conectaran con la ruta nacional 45.
Es importante señalar que, las obras de este proyecto son claves para mejorar la
conectividad y la movilidad del interior del país con el Ecuador, a través del
departamento del Putumayo, reduciendo el trayecto de Bogotá a Quito de 26 a 20
horas. “El corredor vial Santana – Mocoa – Neiva se configura como una autopista
fundamental de movilización de pasajeros y carga desde el sur de Colombia, hacia
los centros de consumo del país y de la Costa Caribe y busca fortalecer la
competitividad y el desarrollo”, indicó Francisco Ospina, presidente de la ANI.
Esta iniciativa cuenta con una inversión de $2,19 billones (Cifras CAPEX 2023) y
una longitud total de 456 km. A la fecha registra 4.233 empleos activos. Está
conformado por siete unidades funcionales y presenta un avance ejecutado del
49,10%.
El proyecto contempla la construcción de la nueva calzada entre la ciudad de
Neiva y el municipio de Campoalegre, la construcción de siete variantes en los
municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, y Timaná en el departamento del Huila,
y de Mocoa, Villagarzón y Puerto Caicedo en el departamento de Putumayo, así
como la rehabilitación de la totalidad de los 456 km que conforman el corredor
vial.
En el
marco de los planes de Gestión Social Contractual, Responsabilidad Ambiental y
Social se ha diseñado una estrategia de identificación de mujeres para la
creación del círculo de mujeres del corredor vial Santana – Mocoa – Neiva, cuyo
objetivo es contribuir a la promoción de la equidad de género en el área de
influencia del proyecto, sumándose así, al cumplimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible 2030.
La estrategia “Ruta a la equidad – circulo de mujeres”; es un escenario que
reúne un grupo mujeres del corredor vial Santana-Mocoa-Neiva, en un intercambio
de saberes.
Según la entidad, en el área de influencia del corredor vial a través de la
Concesionaria Ruta al Sur, se promueve el desarrollo y fortalecimiento de
iniciativas y proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida y del entorno de las comunidades. Es así como 96 familias se han
visto beneficiadas con estas acciones que en total alcanzan inversiones por más
de $345 millones.
De esta forma, se han desarrollado proyectos dirigidos a las familias del sector
de Puerto Seco, del municipio de Gigante – Huila, con el fin de fortalecer sus
iniciativas productivas y económicas con la entrega de kits de pesca,
agricultura y restaurantes.
Cultivos de coca ponen en riesgo la
biodiversidad en 28 municipios
El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Política de
Drogas, denunció que, como consecuencia de los cultivos de uso ilícito y la
convergencia de otros delitos ambientales, 54 especies están en riesgo crítico y
dos ecosistemas bajo total amenaza.
La situación fue expuesta durante el panel “Hacia una política de drogas más
verde: reduciendo los impactos ambientales del narcotráfico a través del
tránsito a la economía legal" organizada por la cartera de Justicia en el marco
de la COP16.
Durante el espacio se informó también que tanto el ecosistema de mangle como el
de bosque seco tropical se están viendo igualmente amenazados afectando las
comunidades de 28 municipios en Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar y Norte de
Santander.
El director de Política de Drogas, Alexánder Rivera, sostuvo que sí existe una
relación directa entre las economías ilegales relacionadas con drogas y el
medioambiente.
“Se necesita fomentar el principio de responsabilidad común y compartida para
mitigar este impacto negativo en nuestros ecosistemas. Los países donde están
las personas que consumen lo que aquí se siembra, tienen una oportunidad inmensa
para ayudarnos a reducir la oferta y conservar nuestra biodiversidad", indicó el
directivo.
Se estima que hay 204,000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia, según un
informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
de 2023. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con años
anteriores, destacando la persistencia del problema del cultivo de coca en el
país.
Con respecto a resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos - SIMCI, el cual arrojó un incremento del 10% en el área sembrada. Sin
embargo, al decir del análisis realizado por la agencia de Naciones Unidas, por
segundo año consecutivo se presenta una desaceleración en la tendencia de
crecimiento que se registra desde el año 2014.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reaccionó advirtiendo que el
informe también arroja resultados a los que la nueva Política de Drogas se
anticipó desde hace un año.
“La nueva Política de Drogas fue diseñada con herramientas muy importantes para
la intervención territorial, tenemos 8 ejes de trabajo en función de brindar
oportunidades, promover alternativas de desarrollo económico local y en función
de perseguir a los eslabones criminales del narcotráfico en todo el territorio
nacional, incluyendo esas zonas donde nos muestra el informe que se siguen
concentrando los cultivos", dijo.
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