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Pueblos indígenas emberá de Risaralda
presentan pliego de peticiones al Gobierno Nacional
En un
encuentro histórico celebrado en la sede de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT), las comunidades indígenas del Consejo Regional
Indígena de Risaralda (CRIR) presentaron un pliego de peticiones al
Gobierno Nacional. Representantes de municipios como Marsella,
Mistrató, Pueblo Rico y Pereira se reunieron el pasado 26 de
noviembre con altos funcionarios, incluyendo ministros de Salud,
Vivienda y Agricultura, en el marco de la Minga Nacional Indígena
por la Vida y la Paz.
La reunión abordó necesidades históricas y urgentes de los pueblos
indígenas emberá, con énfasis en su autonomía, desarrollo sostenible
y protección frente a riesgos crecientes en sus territorios.
Principales demandas del pliego de peticiones:
Territorio y gobernanza
La adquisición de 5.000 hectáreas de tierra para ampliar resguardos,
legalizar territorios y constituir nuevos espacios es una prioridad.
Asimismo, se busca fortalecer la justicia propia y la gobernanza
indígena mediante financiación para proyectos económicos que
fomenten su autonomía.
Salud integral y vivienda digna
El acceso a servicios de salud en los territorios indígenas es un
tema crucial. Las comunidades solicitan la construcción de puestos
de salud, programas de atención en salud mental y el fortalecimiento
del Sistema de Salud Propio e Intercultural (SISPI). En cuanto a
vivienda, exigen la construcción de 3.160 viviendas adaptadas
culturalmente y el mejoramiento de 2.500 viviendas existentes.
Educación y cultura
El pliego destaca la necesidad de infraestructura educativa alineada
con la cosmovisión indígena, incluyendo la construcción de aulas
escolares y la implementación de programas en lengua indígena.
Además, se solicita la creación de un Centro de Pensamiento Mayor en
Cerritos, Pereira, como espacio para preservar su cultura y saberes
ancestrales.
Infraestructura y proyectos productivos
Con el objetivo de mejorar la conectividad y la soberanía
alimentaria, se requiere la construcción de 600 kilómetros de vías,
el mantenimiento de caminos ancestrales y la financiación de
proyectos agrícolas tradicionales que promuevan la sostenibilidad
cultural.
Protección y seguridad
Frente a los riesgos derivados del conflicto armado y la violencia,
los líderes indígenas exigen esquemas de protección adaptados,
cumplimiento de medidas cautelares y el pago de indemnizaciones a
víctimas.
Un diálogo con espíritu de concertación
Durante el encuentro, las autoridades indígenas subrayaron la
urgencia de establecer mesas de trabajo conjuntas para dar respuesta
a estas peticiones. “El cumplimiento de estas demandas no solo
responde a una deuda histórica, sino que es esencial para garantizar
nuestra pervivencia cultural, territorial y social en el marco de la
paz y la justicia”, manifestaron los líderes del CRIR.
Por su parte, Harman Felipe, director de la ANT, expresó el
compromiso del Gobierno de continuar el diálogo con los pueblos
indígenas. “Este diálogo se ha revestido de armonía y disposición de
las partes. Mañana continuaremos con esta conversación, esperando
avances significativos para el pueblo indígena de Risaralda”,
afirmó.
Uno de los gobernadores indígenas también destacó la importancia de
la concertación: “Esperamos que este proceso permita construir
soluciones reales para nuestras comunidades, que llevan años
reclamando atención integral”.
Un paso hacia la justicia histórica
La Minga Nacional Indígena por la Vida y la Paz representa una
oportunidad para saldar una deuda histórica con los pueblos
indígenas de Colombia. En el caso de Risaralda, las demandas
expuestas buscan no solo el desarrollo integral de sus comunidades,
sino también el reconocimiento pleno de sus derechos y su cultura.
El diálogo entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas
continuará en los
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próximos días, en un esfuerzo por alcanzar acuerdos
que garanticen la protección y el desarrollo de los pueblos originarios.
Gobernador de Risaralda rechaza invasiones y llama
al diálogo con campesinos
Tras un Consejo de
Seguridad Extraordinario, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa,
se pronunció en contra de las ocupaciones ilegales de predios en los municipios
de Balboa y Belén de Umbría. Durante su intervención, el mandatario hizo un
llamado a la comunidad campesina para evitar caer en falsas promesas sobre la
entrega de tierras, promovidas por personas inescrupulosas que buscan
desinformar y generar conflictos.
El gobernador reiteró su rechazo categórico a estas invasiones, asegurando que
la Gobernación está apoyando a los propietarios afectados en la presentación de
denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. "El respeto a la propiedad
privada y la institucionalidad son fundamentales. Estamos dispuestos a dialogar
con los campesinos para construir soluciones reales a través de las alcaldías
municipales, el gobierno departamental y las agencias nacionales encargadas de
la reforma agraria", afirmó Patiño Ochoa.
Además, solicitó un informe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para
esclarecer los criterios y procedimientos en la asignación de predios como parte
de la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional. El gobernador destacó
que, en este proceso, se debe priorizar a las 110 mil víctimas del conflicto
armado registradas en Risaralda, en línea con los compromisos de reparación
integral y justicia social.
El comandante de la Policía del Departamento de Risaralda, coronel Héctor García
Acevedo, informó que se ha desplegado personal policial en las zonas afectadas,
con instrucciones claras para mantener un diálogo constante con la comunidad y
recibir información sobre posibles invasiones.
El coronel explicó que las acciones preventivas se realizan bajo el marco del
Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ley 1801). Este
procedimiento incluye el acompañamiento de inspectores de Policía, alcaldes
municipales y otras autoridades competentes para resolver alteraciones a la
posesión o tenencia de los predios.
El gobernador enfatizó que las autoridades locales y departamentales seguirán
trabajando de manera articulada para restablecer el orden en las áreas
afectadas. "Nuestra prioridad es privilegiar el diálogo, la concertación y el
respeto a los derechos de todos los ciudadanos, siempre con apego a la ley",
concluyó.
Comunidades indígenas bloquean vía entre Risaralda
y Caldas en protesta por incumplimientos
Desde hace más de un
día, unas 150 personas pertenecientes a comunidades indígenas de siete
resguardos del Bajo Occidente de Caldas realizan bloqueos intermitentes en el
sector de Remolinos, municipio de Belén de Umbría. La protesta afecta la vía
Panamericana, un importante corredor vial que conecta Risaralda con Caldas.
Los manifestantes denuncian el incumplimiento de acuerdos previamente pactados
con los alcaldes y el Gobierno Nacional en temas de tierras, salud y educación.
José Daniel Chica, gobernador indígena del Bajo Occidente de Caldas, señaló que
la protesta se mantendrá hasta que un representante del Gobierno con capacidad
de decisión llegue al lugar para atender sus exigencias.
“Estamos exigiéndole al Ministerio del Interior que instale una mesa de
negociación
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en Caldas. La Gobernación de Caldas ha ignorado
nuestros derechos y reclamos, por lo que decidimos salir a las calles para esta
minga”, afirmó Chica.
Entre las solicitudes principales, las comunidades
exigen resoluciones y la posesión de tierras, así como el cumplimiento de
acuerdos en materia de salud y educación. El líder indígena advirtió que más
resguardos podrían unirse a la movilización si no hay respuestas concretas a sus
peticiones.
Las comunidades han
instalado cambuches y cuentan con provisiones para permanecer varios días en el
lugar, si es necesario. No obstante, Chica indicó que levantarán el bloqueo si
sus demandas son atendidas durante la jornada.
Impacto en la
movilidad
La protesta ha generado dificultades para los vehículos que transitan por este
corredor, aunque se permite un paso intermitente cada 15 minutos. La situación
ha incrementado los tiempos de viaje y afectado la conexión entre ambos
departamentos.
Por ahora, la vía
sigue cerrada en gran parte del día, mientras las comunidades esperan respuestas
del Gobierno Nacional para resolver los puntos en discusión.
Risaralda destruye 5 toneladas de licor y
cigarrillos de contrabando
En un esfuerzo
conjunto para proteger la salud de los ciudadanos y salvaguardar las finanzas
públicas, la Gobernación de Risaralda destruyó cinco toneladas de productos
ilegales, entre licor adulterado, fraudulento y de contrabando, además de
cigarrillos de contrabando.
El operativo incluyó la eliminación de 5.044 unidades de mercancía aprehendida
durante 2023 y 2024. Entre los artículos destruidos se encuentran 1.021 botellas
de licor adulterado y fraudulento, 846 botellas de licor y cerveza de
contrabando, y 3.099 unidades de cigarrillos ilegales. Esta mercancía, valorada
en 150 millones de pesos, fue gestionada por la empresa RH S.A.S. E.S.P. (Ciudad
Limpia), especializada en la destrucción ambientalmente responsable de este tipo
de productos.
Control en todo el departamento
Los operativos fueron liderados por la Secretaría de Hacienda de Risaralda, con
el apoyo de su equipo operativo compuesto por 48 personas. Estos realizaron más
de 10.953 visitas de inspección, control y vigilancia en establecimientos
comerciales de los 14 municipios del departamento. Además, la Policía de
Tránsito y Transporte contribuyó con el traslado de especies rentísticas
aprehendidas durante sus controles en las vías.
La secretaria de Hacienda de Risaralda, Dora Patricia Ospina Parra, hizo un
llamado a la ciudadanía y a los comerciantes: “Es fundamental comprar licor en
lugares reconocidos y revisar cuidadosamente las botellas para evitar riesgos.
Los comerciantes deben priorizar la salud y la seguridad de sus clientes
vendiendo productos legales y de calidad”.
Impacto en la salud pública
Luz Andrea Henao Torres, directora de Fiscalización de Risaralda, destacó la
relevancia del operativo para prevenir riesgos graves a la salud. Según las
autoridades, el consumo del licor adulterado aprehendido pudo haber afectado a
más de 24.000 personas, exponiéndolas a consecuencias graves como pérdida de
visión o incluso la muerte.
“Detrás de cada botella ilegal hay un peligro para la vida de los risaraldenses.
Nuestro trabajo evitó una tragedia sanitaria de gran magnitud”, subrayó Henao
Torres.
Efectos económicos y legales
El contrabando también impacta las finanzas públicas, ya que los recursos no
recaudados no pueden destinarse a programas sociales ni a infraestructura
educativa, deportiva o de salud. Las sanciones para quienes comercialicen licor
adulterado pueden alcanzar hasta 15 veces el impuesto evadido, además de
procesos legales en la Fiscalía. Por otro lado, vender licor o cigarrillos de
contrabando puede acarrear multas de hasta 10 veces el impuesto evadido.
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