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Incautación de medicamentos vencidos en barrio
María Paz de Bogotá
Las autoridades de Bogotá llevaron a cabo un operativo de seguridad en el barrio
María Paz, uno de los sectores más peligrosos de la capital, que dejó como
resultado la incautación de tres kilos de medicamentos vencidos y la
recuperación de más de 4100 metros cuadrados de espacio público.
El procedimiento, liderado por la Secretaría de Seguridad en conjunto con la
Policía Metropolitana, se realizó en la madrugada del jueves 28 de noviembre.
Entre los medicamentos decomisados se encontraron insulina, analgésicos,
preservativos y productos oftalmológicos, dermatológicos y gastrointestinales,
que probablemente iban a ser comercializados de manera ilegal.
Durante el operativo, las autoridades también intervinieron áreas que usualmente
son ocupadas por vendedores informales, quienes dificultan la movilidad de los
peatones y ciudadanos. La acción permitió liberar espacios clave para mejorar la
circulación en este sector de alta densidad y compleja dinámica social.
El epicentro del crimen en Bogotá
María Paz, ubicado en la localidad de Kennedy, enfrenta una grave problemática
de seguridad. Según datos de la Secretaría de Seguridad, en 2023 la zona ha sido
escenario de múltiples homicidios, con un promedio mensual de seis casos hasta
septiembre, y un aumento significativo de hurtos en comparación con el año
anterior.
El territorio es disputado por al menos siete bandas criminales, entre ellas el
Tren de Aragua, Los Camilos y Los Caraqueños. Estas organizaciones han
convertido a María Paz en un foco de violencia debido al control territorial y
las economías ilegales.
El fenómeno se ve agravado por el desplazamiento de poblaciones vulnerables,
como las que anteriormente residían en el Cartucho y el Bronx, quienes han
encontrado en María Paz un espacio para asentarse. Estas dinámicas, combinadas
con procesos de gentrificación, han intensificado los índices de inseguridad.
Llamado a una intervención estructural
Wilton López, líder comunitario del sector, enfatizó que las problemáticas de
María Paz no son recientes y que la falta de políticas de largo plazo ha
permitido que las bandas criminales mantengan su influencia. “Aunque las
autoridades han dado golpes contundentes, como capturas importantes, los
operativos actuales generan solo resultados temporales”, afirmó.
Si bien las intervenciones recientes son un avance, expertos y líderes locales
coinciden en que se requiere una estrategia integral que aborde las causas
estructurales de la inseguridad en la zona. Esto incluiría mayor inversión
social, control efectivo del espacio público y oportunidades para las
poblaciones desplazadas.
Bus fue incinerado en la Universidad de Nariño durante protestas
Un bus de servicio público de la
empresa Cooperativa Americana 243 fue incinerado este
jueves al interior de la Universidad de Nariño, en medio de una protesta de
estudiantes en el sector de Torobajo, al occidente de Pasto.
La acción fue atribuida a un grupo de encapuchados que, tras interceptar el
vehículo, obligaron al
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conductor y a algunos pasajeros a descender, rociaron el
bus con combustible y lo prendieron fuego, según relató uno de los pasajeros a
las autoridades.
El incidente, que también dejó dos personas heridas, causó alteraciones en el
orden público de la zona, con un bloqueo que se prolongó por más de cuatro horas
en la vía que conecta con el occidente de Nariño. La protesta, que comenzó a las
11:00 a.m., generó un impacto negativo en los trabajadores y residentes del
sector, quienes no pudieron circular con normalidad hasta pasadas las 4:00 p.m.
El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, rechazó enfáticamente los hechos y recordó
que, aunque su administración respeta el derecho a la protesta, no puede
permitir que se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Asimismo, hizo un
llamado al diálogo con los estudiantes para evitar que se sigan presentando
alteraciones del orden público.
En el marco de la protesta, se encontraron elementos como papas bomba, que
fueron lanzadas contra los agentes de la Policía Metropolitana de Pasto. Según
versiones de los manifestantes, la protesta tiene como principal motivo la falta
de financiación adecuada para la Universidad de Nariño, a pesar de su
crecimiento en matrícula, pasando de 5.000 a 15.000 estudiantes. Además, los
estudiantes han señalado que la elección de la nueva rectora, aunque legal, fue
ilegítima debido al voto en blanco en las pasadas elecciones de octubre.
En un comunicado, los estudiantes destacaron la crisis económica que enfrenta la
institución, detallando que el Gobierno nacional adeuda a la universidad
aproximadamente 22.400 millones de pesos, correspondientes a programas como
matrícula cero y fomento de la calidad educativa.
Asimismo, señalaron las deudas de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de
Pasto, que suman 4.000 millones de pesos, además de la falta de aprobación del
presupuesto anual para la educación superior en 2025 por parte del Congreso, lo
que agrava aún más la situación.
Alfonso Granados, designado gobernador encargado
de Putumayo
El Ministerio del Interior designó a José Alfonso Granados Santos como
gobernador encargado del departamento de Putumayo, tras la anulación de la
elección de Carlos Andrés Marroquín Luna.
El Consejo de Estado declaró nula la elección del funcionario al considerarlo
responsable de incurrir en doble militancia, al apoyar públicamente a la
candidata del partido MAIS para la Asamblea Departamental, a pesar de haber sido
avalado por el partido de la U.
La decisión se tomó después de un proceso judicial en el que se presentó
evidencia de que Marroquín Luna participó activamente en eventos públicos en
apoyo a la candidata del MAIS, lo que fue considerado como una violación de la
ley que prohíbe la doble militancia. La Sala Quinta del Consejo de Estado
concluyó que la conducta del exgobernador, al respaldar a
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candidatos de diferentes partidos en el contexto electoral,
contravino las disposiciones legales que regulan las elecciones en Colombia.
En consecuencia, Granados Santos, quien actualmente se desempeña como asesor del
Ministerio del Interior,
tomará el cargo de gobernador encargado mientras se lleva a cabo
el proceso de selección de un nuevo gobernador. El Partido de la U debía
presentar una terna de candidatos al presidente Gustavo Petro, quien designó a
uno de los postulados para ocupar el cargo provisionalmente. Paralelamente, se
convocarán comicios atípicos para elegir un nuevo gobernador de Putumayo.
La decisión judicial ha generado gran expectativa en el departamento, pues se
espera que en los próximos días se defina la nueva administración, tras varios
meses de incertidumbre política. El Ministerio del Interior, en su decreto,
subraya que Granados Santos asume el cargo separándose de sus funciones
actuales, hasta tanto se resuelva la designación definitiva del nuevo
gobernador.
Este es el primer caso en el que una elección de gobernador es anulada debido a
la doble militancia, marcando un precedente importante en la regulación de las
campañas políticas en Colombia. La medida, que se considera un paso hacia la
consolidación de un sistema electoral más transparente, será vigilada de cerca
por los actores políticos y la ciudadanía del Putumayo.
Revocan nombramiento de siete disidentes
FARC como gestores de paz
Siete miembros de las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor
Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, perdieron su designación como gestores
de paz por decisión del Gobierno Nacional, luego de que se rompiera el cese al
fuego con dicho grupo armado.
El pasado 22 de noviembre fue emitida y firmada la resolución número 467 de
2024, en la cual se dio a conocer que los exFarc que perderían el rol otorgado
durante mayo de 2023, son Jeisson Ferney Lasso, Euser Motta Meneses, Jhon Maro
Ortiz Camayo, Faber García Guzmán, John Janier Trochez y Leidy Tatiana Rojas.
La principal razón de la decisión del Ejecutivo se basa en que el Gobierno ya no
cuenta con un proceso de paz vigente con el EMC luego de que se rompiera el cese
al fuego con la estructura durante marzo del presente año, acompañado de que
'Iván Mordisco' no continuó con la mesa de diálogos.
"Que en razón que el Decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022 que estableció un
Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al fuego Bilateral y
Temporal de Carácter nacional con el Estado Mayor Central de las FARC-EP ya no
tiene vigencia, el Gobierno Nacional les revocará la designación realizada por
medio de la Resolución 136 del 29 de mayo de 2023", se lee en la resolución.
El documento se encuentra acompañado de una carta firmada por el alto
comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien agrego un perfil de los disidentes a
quienes les fue revocada la condición, dónde afirmó que la resolución fue
revisada por la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. |
