 |
|
para el ente de control es pertinente que el Ministerio de
Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, se abstengan de emitir resoluciones
que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado expida su
pronunciamiento sobre el alcance, efectos y límites del Decreto 1374 de 2013,
que fue el primer intento para establecer parámetros que permitieran señalar
reservas de recursos naturales de carácter temporal.
También quedan para el próximo año varias demandas de pérdida de investidura de
congresistas, como Luis López Aristizábal, representante conservador por
Antioquia, de quien el demandante acusa que luego de tomar posesión de
congresista, continuó ejerciendo como gerente y representante legal de una
empresa.
De igual manera, está a la espera definir una demanda de pérdida de investidura
en contra del presidente de la Cámara, Jaime Salamanca Torres, porque no se
declaró impedido para participar en el debate de la reforma laboral.
Igualmente, el Alto Tribunal dejaría para 2025 resolver la demanda de pérdida de
investidura de la representante Adriana Arbeláez, Cambio Radical, por presunto
conflicto de interés en la votación del Presupuesto General de la Nación del
2024, cuando se votó una proposición que buscaba aplazar por dos años la entrada
en vigencia de los impuestos saludables, que fueron introducidos en la Reforma
Tributaria.
Durante la vacancia judicial se suspenderá el desarrollo del proceso que abrió
la Corte por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (Ungrd), en donde según el entonces director de la entidad Olmedo
López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, se usó la contratación a finales del
2023, con el fin de atender la crisis por el fenómeno del Niño, para entregar
dineros y contratos a congresistas.
López aseguró que, en una reunión en noviembre del año pasado en la Casa de
Nariño, en la que dijo que participaron algunos ministros y altos funcionarios,
le dieron directrices para que entregara dinero y contratos a varios
congresistas con el propósito de que votaran a favor las reformas del Gobierno.
Por estos hechos la Corte abrió indagación al expresidente del Senado, Iván Name,
y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quienes presuntamente recibieron
$3.000 y $1.000 millones, según Pinilla.
También el Alto Tribunal investiga por presuntamente incurrir en el delito de
cohecho a los senadores Liliana Bitar y Juan Gallo; y los representantes Wadith
Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Muñoz.
A estos parlamentarios que integraban la Comisión de Crédito Público, según
Olmedo López y María Benavides, exasesora en el Ministerio de Hacienda, les
direccionaron tres contratos, con el supuesto conocimiento del entonces ministro
Ricardo Bonilla, para que votaran a favor el aval al Gobierno para solicitar
empréstitos a cargo de la nación.
Hace un par de semanas rindieron indagatoria en la Corte los parlamentarios Name
y Calle; en tanto que esta semana hicieron lo propio los representantes Wadith
Manzur y Karen Manrique, quienes acudieron al derecho a guardar silencio; y la
senadora Liliana Bitar.
|
|
A partir del 20 de
este mes y hasta el 10 de enero del 2025 gran parte del aparato
judicial entra en receso por la vacancia prevista, lapso durante el
cual funcionarán los servicios más esenciales. En el caso de las
Altas Cortes quedan a la espera por producirse varios fallos clave.
Corte Constitucional
Se han presentado más de medio centenar de demandas al Plan Nacional
de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que establece la hoja de ruta de
la administración del presidente Petro. La Corte ha tumbado hasta el
momento ocho artículos; sin embargo, queda un importante número de
acciones por resolver.
Una de las demandas que está pendiente de fallo busca tumbar en su
totalidad la Ley 2294 de 2023, con el argumento de que el informe de
conciliación de la iniciativa en el Senado no fue publicado en la
gaceta del Congreso con un día de anticipación, afectando el
principio de publicidad.
También queda por resolver múltiples demandas contra la reforma
tributaria, que el Congreso aprobó a finales del 2022.
Uno de los fallos que está por salir tiene que ver con el impuesto
de renta, que en el parágrafo atacado establece una tasa mínima de
tributación. El demandante pidió tumbar este aparte por el principio
de equidad y justicia fiscal. La Procuraduría coincide en las
motivaciones de esta acción, por lo que solicitó a la Corte declarar
inexequible dicho parágrafo.
Igualmente, de la reforma tributaria queda para 2025 resolver
demandas al impuesto al patrimonio.
Otro fallo clave es por la reforma pensional que impulsó el Gobierno
y que fue aprobada por el Congreso en medio de polémicas,
especialmente por los efectos fiscales. El Alto Tribunal ha admitido
cinco demandas contra esta ley.
La principal razón de las acciones que se han presentado es porque
la reforma no tuvo discusión en cuarto debate en la Cámara de
Representantes, sino lo que hizo la plenaria fue acoger el texto que
venía del Senado.
La procuradora Margarita Cabello en un concepto que entregó a la
Corte pidió tumbar la reforma pensional porque dijo que en su
trámite se afectó el principio democrático que exige una discusión
abierta y plural, esto por lo ocurrido en el cuarto debate en la
plenaria de la Cámara.
En tanto que los departamentos están en ascuas esperando el fallo
por una demanda al artículo 28 de la Ley 1816
de 2016, en que establece el monopolio que tienen para la producción
de licores y la facultad para restringir
|
|
la venta de aguardientes de otras
regiones.
Del mismo modo, está en el inventario por resolver en la Corte varias demandas a
la llamada Ley de la Paz Total, que es el piso jurídico que tiene el Gobierno
para adelantar conversaciones con los grupos armados al margen de la ley.
Una de las demandas es contra el parágrafo 6 del artículo 5 de esta Ley, el cual
establece que las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los
acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban
las partes en la mesa de diálogo cuyo propósito sea la protección de la
población civil de los enfrentamientos armados serán vinculantes para las
partes.
El demandante dice que esta disposición desconoce la distribución de
competencias de producción normativa, pues incorpora al ordenamiento superior
los acuerdos y los protocolos de paz, “eludiendo el procedimiento para
concederles a dichos cuerpos dispositivos el rango de normas constitucionales”,
indica el accionante.
Consejo de Estado
A pesar de que el Consejo de Estado decidió disponer de una sentencia anticipada
para resolver la demanda de nulidad del nombramiento de José Peña como rector de
la Universidad Nacional, es poco probable que alcance a evacuar este asunto de
aquí al próximo 20 de diciembre.
En este proceso el Alto Tribunal rechazó la solicitud de suspensión provisional
de Leopoldo Múnera, quien se posesionó como rector el 6 de junio de 2024, en un
polémico proceso porque el Consejo Superior del alma mater ya había escogido a
Peña.
No obstante, el Gobierno no estuvo de acuerdo con la escogencia de Peña, pues
apoyó el nombre de Munera debido a que ganó una consulta entre los estudiantes y
los profesores.
Este fallo en clave porque podría significar el regreso de Peña a la rectoría de
la Nacional si el Consejo de Estado rechaza la demanda de nulidad de su
escogencia por parte del Consejo Superior.
Así mismo, el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre la legalidad del Decreto
1374 de 2013 que delimita reservas de recursos naturales temporales y establece
prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras.
La Procuraduría General le pidió al Consejo
de Estado una medida cautelar que suspenda provisionalmente los
efectos de este Decreto, pues |
