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Irregularidades en contrato vial dejan 5.400
millones de pesos en el limbo en Bogotá
En un reciente hallazgo fiscal, la Contraloría de Bogotá reveló la pérdida de
5.400 millones de pesos asociados a un contrato para la conservación de la malla
vial en seis localidades de la ciudad. El contrato, firmado en diciembre de 2021
entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la empresa INFERCAL S.A.S.,
ascendía a un total de 35.000 millones de pesos y contemplaba intervenciones en
Usme, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar, Candelaria y Santa Fe.
El contrato caducó en abril de 2024 debido a múltiples incumplimientos, entre
ellos retrasos en el cronograma, el no pago de salarios y prestaciones a los
trabajadores, y la falta de avance significativo en el proyecto. Según la
Contraloría, de los 7.000 millones de pesos entregados como anticipo al
contratista, solo 1.600 millones tienen soporte, dejando un faltante de 5.400
millones sin explicación clara ni recuperación.
Frente a este hallazgo, el IDU defendió sus acciones al declarar que la
caducidad fue impuesta por el incumplimiento grave del Plan Detallado de Trabajo
(PDT) en más del 50%. Orlando Molano, director de la entidad, aseguró que la
actual administración fue la que inició los procesos sancionatorios y tomó
medidas como la caducidad del contrato. “Estamos absolutamente tranquilos.
Tomamos las decisiones que correspondían en su momento”, afirmó.
El IDU también informó que impuso una cláusula penal equivalente al 20% del
valor del contrato como máxima sanción administrativa. Sin embargo, señaló que
esta penalidad podría no ser suficiente para cubrir el perjuicio total, por lo
que evalúan la posibilidad de emprender acciones legales adicionales para
recuperar los recursos perdidos.
Mientras tanto, el caso fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal
para que se inicie el respectivo proceso contra los responsables. La situación
pone de relieve los retos de la administración pública en la ejecución y
supervisión de contratos, así como la necesidad de fortalecer los controles para
evitar el detrimento patrimonial.
La incertidumbre sobre la recuperación de los 5.400 millones de pesos sigue
generando preocupación, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de
justicia y transparencia en un caso que afecta tanto las finanzas distritales
como la confianza ciudadana.
Información sobre cálculo de la UPC 2025 pide
Procuraduría a Minsalud
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Delegada en
Asuntos de Salud, liderada por Diana Margarita Ojeda,
solicitó al Ministerio de Salud un conjunto de información detallada sobre el
proceso técnico y los datos utilizados para estimar los gastos en salud
relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la
vigencia 2025.
La solicitud, contenida en el oficio IUS E-2024-768508, tiene como objetivo
asegurar que el cálculo de la UPC se realice de manera suficiente y técnica,
garantizando el flujo adecuado de recursos para el sistema de salud. La
Procuraduría destaca que el cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1751 de
2015, que regulan el sistema de seguridad social en salud en Colombia, establece
la necesidad de asignar recursos suficientes y sostenibles para la atención de
salud de la población.
Uno de los puntos clave en la intervención de la Procuraduría es la
subestimación de la UPC en años anteriores. De acuerdo con estudios previos de
la Procuraduría y otros expertos como ANIF, el cálculo de la UPC para los años
2023 y 2024 fue insuficiente, lo que afectó la sostenibilidad financiera del
sistema.
La Procuraduría señala que, según el último estudio realizado por ANIF,
publicado en octubre de 2023, "nuestras estimaciones
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sugieren
que desde 2021 el cálculo de la UPC está subestimado, en promedio, en cerca de
2,8pp anuales". En este contexto, la Procuraduría exhorta a que, para 2025, se
utilicen datos representativos de las EPS y
que se ajusten por inflación y frecuencia, además de incorporar los cambios
demográficos y epidemiológicos.
El oficio también solicita una serie de documentos y detalles sobre el proceso
de cálculo de la UPC, tales como los análisis realizados por el grupo técnico de
la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación
del Aseguramiento en Salud, las actas de las reuniones de esta comisión, y los
mecanismos implementados para validar la información reportada por las EPS. En
el requerimiento, se solicita:
"Documentos o conceptos que incluyan los análisis y recomendaciones del grupo
técnico dirigidos a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y
Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, relacionados con el cálculo
de la UPC para el año 2025".
"Nombres de los funcionarios que actualmente conforman y participan de manera
directa en las sesiones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y
Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud para el cálculo de la UPC
del año 2025".
Asimismo, se requieren detalles sobre los posibles ajustes a la metodología de
cálculo de la UPC para 2025, así como cualquier modificación prevista en las
condiciones de salud para el cálculo de la misma. La Procuraduría solicita:
"Informar si se ha previsto modificaciones a la metodología del cálculo de la
UPC aplicable a la vigencia 2025".
"Informar si se contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud para el
cálculo de la UPC 2025".
La Procuraduría enfatiza la importancia de que el Ministerio de Salud garantice
un proceso participativo y transparente, que permita superar la crisis
financiera y humanitaria que afecta la atención en salud de los colombianos y, a
su vez, garantizar el derecho fundamental a la salud en el país.
Este requerimiento se realiza con el fin de fortalecer el sistema de salud y
asegurar que los recursos sean suficientes para la correcta atención de los
usuarios del sistema de seguridad social.
La Procuraduría recalca que: "las medidas adoptadas por el Ministerio han venido
generando una crisis financiera y humanitaria que afectan la garantía de los
derechos fundamentales a la salud de los colombianos". Se espera que el
Ministerio de Salud entregue la información solicitada en un plazo de cinco
días.
La Procuraduría insta al Ministerio de Salud a que tome las medidas necesarias
para cumplir con la normativa vigente y resolver la
crisis financiera que afecta al
sistema de salud, lo que es considerado esencial para garantizar el bienestar y
la salud de la población colombiana.
411 bienes de 'exparas' no están en inventario oficial: Unidad de Víctimas
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, reveló que 411 bienes
entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores de paz por el
presidente de la República, no figuran en el inventario del Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
Esta situación deja en evidencia un vacío significativo en la administración y
trazabilidad de los bienes destinados a la reparación de las víctimas del
conflicto armado.
El anuncio se realizó durante una
reunión entre Solano y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo
Garzón, en la que ambas funcionarias hicieron un balance de los bienes
entregados al Fondo por la Fiscalía. Hasta la fecha, el Fondo ha recibido 3.398
bienes, de los cuales solo 580 cuentan con extinción de dominio, un paso clave
para su monetización y utilización en la reparación de las víctimas.
“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a
cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de Justicia y Paz, que
den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya
que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar
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a las víctimas incluidas en las sentencias”, afirmó la directora
de entidad.
Además, se identificó que 1.383 bienes en manos del Fondo están ocupados de
manera no autorizada, lo que representa una carga administrativa y económica
para la Unidad y un detrimento en los recursos públicos.
La fiscal general y la directora acordaron una nueva reunión para el 13 de enero
de 2025, con el objetivo de dar seguimiento a la investigación sobre los bienes
no localizados y los posibles casos de corrupción en administraciones
anteriores. También se radicó una solicitud formal para acelerar los procesos de
extinción de dominio y la entrega de bienes al Fondo, con el fin de superar los
obstáculos que dificultan la reparación a las víctimas.
Este escenario resalta la urgencia de implementar medidas más efectivas para
garantizar la transparencia y la gestión adecuada de los bienes destinados a la
reparación de las víctimas del conflicto armado.
"La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con las víctimas del
conflicto armado en Colombia y destaca que, con la cooperación de la Fiscalía
General de la Nación, se seguirá trabajando de manera articulada para resolver
estos problemas y garantizar que los recursos destinados a la reparación sean
utilizados de forma efectiva", señaló la institución.
25.000 colombianos lograron acuerdos con
ICETEX para ponerse al día
El ICETEX brindó oportunidades durante 2024 para aquellas personas que
presentaron dificultades en sus pagos de financiación educativa y de esta manera
se logren poner al día. La última jornada de soluciones de este año permitió que
25.926 estudiantes hicieran acuerdo para ponerse al día y seguir gozando de
beneficios como la reducción en la tasa de enteres, pasando del IPC+4% al
IPC+2%.
Dentro de los acuerdos de la última jornada de soluciones de 2024, se contempla
que quienes cumplan los compromisos accederán a condonaciones de hasta en un
100% los intereses corrientes vencidos y moratorios, monto que sumado alcanza en
esta oportunidad los 17.021 millones de pesos.
“En 2025 continuaremos con estas jornadas para encontrar soluciones que apoyen a
los estudiantes con dificultades en sus pagos. No podemos permitir que ninguna
barrera se interponga en los sueños de miles de colombianos que ven en el ICETEX
la oportunidad para alcanzar su meta de ser profesionales. Esperamos que quienes
participaron cumplan los acuerdos establecidos y puedan beneficiarse con la
reducción en las tasas de sus apoyos financieros y seguiremos trabajando para
que la educación esté al alcance de todos”, manifestó Álvaro Urquijo Gómez,
presidente del ICETEX.
Los cinco departamentos donde más colombianos acordaron ponerse al día son:
Bogotá, (4.797), Atlántico (3.288), Antioquia (1.848), Valle del Cauca (1.751),
y Córdoba con (1.709).
En lo corrido del año, el ICETEX ha realizado seis jornadas de soluciones en las
que 130.761 personas con dificultades de pago han logrado acuerdos que, con el
cumplimiento por parte de estos beneficiarios personas, representan una
condonación por concepto de intereses corrientes vencidos y moratorios cercanos
a los 90.000 millones de pesos.
ICETEX mantiene abiertos los canales de atención a usuarios en mora
Si es beneficiario de financiación con el ICETEX en etapa de pago y presentas
dificultades para estar al día y no pudo participar en estas jornadas de
soluciones, la entidad mantiene abiertos sus canales de atención para que más
colombiano logren con el Instituto encontrar solución a estas situaciones:
Para quienes tienen crédito con mora entre 31 y 90 días: Línea gratuita nacional
018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070.
Para créditos con mora superior a 91 días: Línea gratuita nacional 018000119716
(desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211.
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