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Transmilenio anuncia cambios para 2025: Tarifas,
beneficios y nueva tarjeta
A partir del 18 de enero de 2025, los usuarios de Transmilenio en Bogotá verán
implementados cambios importantes en el sistema de transporte masivo. Entre
ellos, un incremento en la tarifa del pasaje, nuevas condiciones para los
transbordos y el lanzamiento de la tarjeta TransMiPass.
La nueva tarifa, que será de $3.200, representa un aumento del 8.47%. Aunque
este ajuste no ha sido bien recibido por todos, está por debajo del incremento
del salario mínimo (9.54%) y del auxilio de transporte (23.46%). Según
Transmilenio, el alza responde a costos operativos, como el aumento del 9% en el
precio del diésel y del 11% en el gas natural durante 2024.
En cuanto a los transbordos, también hay novedades. Desde la misma fecha, los
usuarios con la tarjeta TuLlave personalizada tendrán 125 minutos para realizar
transbordos a costo cero, una extensión de 15 minutos respecto al tiempo actual.
Esta medida busca mitigar los inconvenientes ocasionados por las obras en curso
en la ciudad, que han afectado la velocidad promedio del sistema.
El TransMiPass, disponible a partir del 20 de marzo, se perfila como una
solución económica para usuarios frecuentes. Este pase mensual permitirá
realizar hasta 65 viajes por $160.000, lo que equivale a un costo por trayecto
de $2.460, generando un ahorro significativo de $738 por pasaje. Sin embargo, su
implementación conlleva algunos requisitos. La recarga deberá realizarse
mediante una plataforma digital que verificará la identidad del usuario, quien
posteriormente deberá reclamar la tarjeta en uno de los nueve portales
habilitados.
Estas decisiones reflejan un esfuerzo por equilibrar las necesidades de los
usuarios y los desafíos financieros del sistema. Aunque los cambios generan
expectativas, también plantean retos en su implementación y aceptación.
Traslado del peaje Río Blanco de Santander no se
realizaría en enero
El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) ha anunciado que el traslado del peaje
Río Blanco, ubicado en El Playón, Santander, al municipio de Cáchira, Norte de
Santander, no se llevará a cabo en enero como estaba previsto. La reubicación se
ha pospuesto debido a imprevistos externos y se espera que las obras estén
listas para abril de 2025.
La noticia desató protestas desde el mediodía de este jueves, movilizando a
habitantes del corregimiento de Barrio Nuevo. Jorge Sierra Olaya, líder
comunitario, expresó su frustración señalando que "han sido 42
años del peaje de Río Blanco mientras la vía nacional está en
pésimas condiciones" y destacó que "más de 20 mil millones de pesos al año se
han esfumado" sin mejoras significativas en la infraestructura vial.
Sierra cuestionó a INVÍAS por los incumplimientos en los compromisos asumidos
con la comunidad para mejorar la carretera y reubicar la caseta de recaudo.
Desde mayo de 2021, se han llevado a cabo mesas de diálogo que permitieron la
reapertura del peaje en 2022 bajo la condición de su traslado en 2023. Sin
embargo, tras múltiples diálogos y un nuevo cronograma elaborado por INVÍAS, el
plazo venció el 31 de diciembre de 2024 sin que se cumplieran las promesas.
La comunidad ha manifestado su determinación al afirmar que "no vamos a esperar
más". Aseguran que mantendrán las protestas hasta que se concrete la reubicación
del peaje en Cáchira.
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El traslado del peaje Río Blanco es un tema crítico para los habitantes de El
Playón y Cáchira, quienes han estado esperando esta reubicación durante décadas.
En medio del descontento, el Invias manifestó que tarifas especiales continuarán
vigentes para los beneficiarios del peaje Río Blanco hasta que se finalice el
traslado de la infraestructura, que incluye construcción, mantenimiento y la
actualización para el recaudo de peaje.
El INVÍAS realizó la apertura de la licitación pública No. LP-DTE-053-2024 el 12
de septiembre de 2024 y el 7 de noviembre se adjudicó la obra al Consorcio Santa
Juana. Posteriormente, el pasado 12 de noviembre se recibieron solicitudes de
revocatoria del proceso licitatorio y fue el 23 de diciembre, tras la orden de
inicio, en la que el contratista comenzó trabajos para las nuevas obras. Dicha
revocatoria del acto de adjudicación generó un retraso significativo, que afectó
en los tiempos establecidos para la ejecución del traslado del peaje.
Proyectos de vías 4G inician el 2025 con un avance
del 89%
El 2024 registró importantes avances en materia de infraestructura vial
concesionada. Los proyectos de Cuarta Generación (4G), cerraron el año con un
avance cercano al 89% con corte al 15 de diciembre. Cifra que no solo marca un
hito en el sector transporte, sino que contribuyó a las grandes metas del
Gobierno en búsqueda de la equidad, la generación de empleo, la dinamización de
la economía y la conectividad para las regiones.
Así lo señala Francisco Ospina, presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura: "Este año ha sido muy importante en materia de consolidación de
los proyectos carreteros, porque de los 5.052 km que tiene esta red vial
aproximadamente vamos a tener 4.500 km en operación y mantenimiento antes de
finalizar el 2024, que benefician a 19 departamentos en el territorio nacional.
Casi el 90% de estos kilómetros van a estar construidos, de esta forma avanzamos
en el portafolio carretero, clave para conectar el país con los más altos
estándares de calidad y servicio."
Justamente, siete proyectos 4G entraron en Operación y Mantenimiento en lo
corrido del 2024. Se trata de proyectos claves para la conectividad y el
desarrollo de las regiones. Ellos son: Autopista Conexión Norte, IP
Neiva-Espinal-Girardot, Pamplona-Cúcuta, Autopista Conexión Pacífico 3,
Transversal del Sisga, IP GICA (Girardot – Ibagué – Cajamarca) y la IP Cambao –
Manizales.
Para alcanzar estos resultados, contribuyeron también proyectos clave, como es
el caso de Tercer Carril Bogotá-Girardot, que inició 2024 con un avance del
44,43% y al 15 de diciembre, alcanzó el 73,52%. Mientras que,
Santana-Mocoa-Neiva comenzó en 20,48% y llegó al 55,70%. Adicionalmente, en
Popayán-Santander de Quilichao, los avances aumentaron del 18,56% al 32,69%.
Otros proyectos que cierran el año
registrando un avance superior al 90% en su fase de construcción son Bucaramanga
– Barrancabermeja – Yondó con el 98,14%, Pacífico 1 con el 96,52%, Antioquia –
Bolívar con el 94,23% y Villavicencio – Yopal con el 93,24%.
Se tiene previsto que próximamente -primeros meses de 2025- culminen la etapa de
construcción y pasen a etapa de Operación y Mantenimiento los proyectos
Autopista al Mar 2 y Autopista al Río Magdalena 2, que también presentan
importantes avances con el 98,96% y el 93,12% respectivamente.
De esta forma, de los 30 proyectos de cuarta generación, 15 se encuentran en
operación y mantenimiento, 12 en construcción, 2 en preconstrucción y 1 en
reversión por terminación anticipada. Es importante señalar que, en lo que va
corrido de la ejecución de los proyectos 4G se han inyectado a la economía cerca
de $63.53 billones en CAPEX y $63.37 billones en OPEX (Precios de referencia de
diciembre de 2023).
Generación de empleo
De otra parte, los proyectos 4G que
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más han vinculado personal de forma directa e indirecta son
Autopista al Mar 2 con cerca de 25.114 empleos, Villavicencio – Yopal con 23.969
puestos de trabajo, Autopista al Río
Magdalena 2 con 21.956, Pacífico 2 con 18.492 y Pacífico 1 con 17.421, lo cual
constituye una importante fuente de ingresos y crecimiento en las comunidades
del área de influencia de estas obras.
MinSalud aumentó 5,36% el valor de la UPC para
2025
A solo horas de finalizar el 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social
anunció el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para
el año 2025. Este ajuste, que combina un 5,2% correspondiente a la inflación
acumulada a noviembre de 2024 y un 0,16% por actualizaciones en servicios y
tecnologías en salud, busca garantizar la continuidad de los servicios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Sin embargo, ha generado
controversia en diversos sectores.
Razones del ajuste y las críticas al sistema
La decisión, según el Ministerio, responde a inconsistencias en los datos
reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que impidió realizar
un cálculo más preciso. Entre los problemas identificados se encuentran:
Incrementos abruptos en la severidad y frecuencia de servicios sin justificación
histórica.
Gastos certificados sin cierre de estados financieros.
Pagos de medicamentos por encima de precios regulados.
Elevados gastos médicos no justificados.
Estos problemas, además de ser recurrentes, han limitado la capacidad del
Ministerio para establecer una UPC basada en información confiable, por lo que
se recurrió al ajuste automático basado en la inflación, según lo estipulado por
el Decreto Ley 4107 de 2011.
Perspectiva de los actores del sector
El ajuste ha recibido críticas de diferentes frentes. La Asociación Colombiana
de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que la insuficiencia de
recursos podría agravar los problemas financieros de las EPS, que en 2024
cerraron con un déficit de 10,9 billones de pesos. Por su parte, movimientos
como Pacientes Colombia y expertos en salud, como Augusto Galán Sarmiento,
señalaron que la medida podría impactar negativamente a pacientes con
enfermedades crónicas y de alto costo, además de acelerar la fuga de talento
médico del país.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, calificó los
recursos asignados como insuficientes para cubrir los costos del sistema de
salud, una crítica que se suma a los llamados de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (Andi) para fijar el incremento en al menos un 16,9%,
considerando los niveles actuales de siniestralidad.
Impacto en el sistema y desafíos para el 2025
La falta de consenso en el cálculo de la UPC refleja un problema estructural en
el sector salud colombiano. Expertos coinciden en que se requiere una revisión
de la metodología de cálculo que incorpore ajustadores por condiciones de salud,
incentivos al desempeño en la atención y un enfoque basado en la eficiencia en
el uso de recursos.
Adicionalmente, movimientos sociales y académicos han instado al Gobierno a
realizar un monitoreo más riguroso de los recursos asignados para evitar
desviaciones y mejorar los indicadores de salud. Esto incluye la necesidad de
evaluar tecnologías y pertinencia en los servicios cubiertos para optimizar el
gasto y responder a las necesidades de los afiliados.
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