|
Galán desafía resolución ambiental del Gobierno y
anuncia acciones legales
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha lanzado una fuerte advertencia
al Gobierno Nacional tras la publicación del proyecto de resolución
‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá’. Según el
mandatario, esta medida no solo viola la autonomía territorial de la ciudad,
sino que también afecta gravemente el desarrollo de proyectos clave en la
región. Ante esto, anunció que, si no se retira la resolución, se emprenderán
acciones legales en los ámbitos administrativo y penal.
Un ataque a la autonomía territorial
Galán, acompañado de su equipo de gobierno, manifestó su preocupación por el
impacto que tendría la resolución en el desarrollo urbano y la infraestructura
de Bogotá. Según el alcalde, el Gobierno Nacional no ha respetado los procesos
de consulta y construcción colectiva, fundamentales en decisiones de esta
magnitud.
“Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía participe no
es más que un requisito legal obligatorio para cualquier acto administrativo
general”, afirmó Galán. Además, señaló que la iniciativa ignora las leyes que
regulan la relación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, como
la Ley 99 y la Ley 388, así como el Plan de Desarrollo Nacional.
El mandatario recordó que en octubre pasado, durante una reunión en la
Presidencia de la República, advirtió al presidente Gustavo Petro y a la
ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre la necesidad de incluir a la
Alcaldía y otras entidades locales en la elaboración de estos lineamientos. Pese
a la promesa del Gobierno de convocarlos, esto nunca ocurrió. Ahora, con la
publicación de la resolución para comentarios, Galán considera que la medida se
impuso de manera arbitraria y sin el debido proceso.
Proyectos en riesgo
Uno de los puntos más críticos que expuso Galán es el impacto que la resolución
tendrá en miles de familias y en proyectos esenciales para la ciudad. Por
ejemplo, cerca de 172.000 familias que habitan barrios legalizados en
localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba podrían ver afectada
la estabilidad de sus viviendas, ya que sus predios quedarían catalogados como
zonas de humedal, lo que bloquearía cualquier posibilidad de mejora o
modificación.
Asimismo, 30.000 familias que recientemente recibieron viviendas nuevas podrían
quedar en un limbo jurídico si sus propiedades son consideradas parte de la
estructura ecológica principal. A esto se suman las más de 120.000 viviendas en
proceso de construcción que también están en riesgo, muchas de las cuales han
sido financiadas con subsidios del Distrito y administraciones anteriores,
incluyendo la del propio Petro cuando fue alcalde de Bogotá.
La resolución también impactaría grandes proyectos de infraestructura como el
Patio Taller de la Línea 1 del metro de Bogotá, parte del trazado en Kennedy, y
el Patio Taller de la Línea 2, actualmente en licitación y ubicado en Suba.
Además, la Línea 3 del metro, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la
ampliación del aeropuerto El Dorado, la calle 13, el cable aéreo a La Calera y
otras obras estratégicas podrían quedar suspendidas.
El abastecimiento de energía también se vería afectado, pues algunos de los
predios donde se instalan líneas de transmisión quedarían bajo protección
ambiental, lo que generaría incertidumbre sobre la capacidad de suministro en
Bogotá, Cundinamarca y Meta.
Acciones legales y llamado al diálogo
Ante este panorama, Galán ha solicitado formalmente al Ministerio de Ambiente
que retire la resolución y abra un proceso de diálogo
real, donde se escuchen a todos los actores involucrados, incluyendo a la
ciudadanía. De lo contrario, el Distrito recurrirá a instancias judiciales para
frenar la implementación de la medida.
“No podemos permitir que una decisión unilateral afecte el bienestar de los
bogotanos y el desarrollo de la ciudad. La ley, la Constitución y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional no son una opción, son de obligatorio
cumplimiento”, enfatizó el alcalde.
El debate sobre la planificación ambiental en la Sabana de Bogotá está lejos de
terminar.
|
|
Mientras el Gobierno
insiste en la necesidad de regular el crecimiento urbano para proteger los
ecosistemas, la Alcaldía de Bogotá defiende su autonomía
y advierte sobre las graves consecuencias de la medida. La
batalla legal parece inminente y el futuro de importantes proyectos en la ciudad
dependerá de lo que decidan los tribunales en las próximas semanas.
Seguimiento a proyectos de conectividad
en Amazonas ordena Contraloría
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ordenó
realizar un Seguimiento Permanente a inversiones y proyectos que en materia de
conectividad tiene previsto desarrollar en Leticia (Amazonas) el Ministerio de
las TIC, con el fin de asegurar que se terminen y materialicen.
Así lo anunció en esta ciudad el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, en
el Foro “Conectividad Digital para Todos: Cerrando Brechas en Colombia y el
Amazonas”, convocado por el organismo de control, luego que el Subdirector de
Estructuración de Proyectos del MinTIC, Juan Manuel Guerrero, expuso en detalle
el plan integrado de expansión de conectividad que impulsa el Gobierno y que
incluye proyectos para el Amazonas como la construcción de un centro interactivo
de tecnología en el municipio de Leticia, con una inversión de más de 4.500
millones de pesos, y un segundo proyecto de estabilización de conectividad para
garantizar la frecuencia permanente del internet.
Hay que reducir la brecha digital
El Vicecontralor Zuluaga Pardo, hizo un llamado a abordar de manera urgente la
brecha digital que se evidencia en algunas zonas rurales y regiones apartadas
del país como el Amazonas, de manera que se logren superar las barreras que se
enfrentan en materia de conectividad.
Dijo que el país tiene un índice de conectividad en las zonas rurales distinto a
las zonas urbanas y que, sobre todo en territorios apartados y zonas
periféricas, se presentan grandes brechas digitales de conectividad.
Consideró que es la oportunidad para revisar el impacto que puede significar la
conectividad y el uso de las tecnologías en todo el territorio nacional,
especialmente en zonas como Amazonas, donde hay un potencial importantísimo de
conectar la tecnología con las ventajas comparativas que tiene este territorio,
como la biodiversidad, el clima y su exuberante naturaleza. Estimó que esas
ventajas comparativas deben convertirse en ventajas competitivas.
El Vicecontralor citó un informe reciente de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre la conectividad mundial (a 2022), según el cual,
si bien dos tercios de la población mundial ya utiliza Internet, un tercio de la
misma continúa sin tener acceso a esa tecnología. “Muchas de las personas que
disponen de acceso carecen de una conexión efectiva, como pasa en Leticia, donde
las conexiones son intermitentes. Pese a que Colombia está trabajando con la
última tecnología (5G), todavía tenemos dificultades para tener un acceso real”,
acotó.
En lo que concierne al acceso a Internet, de acuerdo con cifras de MinTIC
publicadas en 2024, en el departamento de Amazonas el número de accesos fijos a
Internet por cada 100 habitantes era de 2,2. El promedio nacional se situaba en
17,2.
En Bogotá era de 28,8, el número más alto del país. En este indicador, el
Amazonas solo superaba a Vichada y a Vaupés.
El indicador denominado “Velocidad de descarga promedio en el segmento
residencial”, relativo a la calidad del acceso a Internet, muestra al Amazonas
en el puesto 30 entre 33 departamentos (incluyendo Bogotá), y solo supera a
Guainía, Vaupés y Vichada. Mientras la velocidad de descarga promedio en Bogotá
es de 260 Megabits por segundo, en Amazonas es de apenas 5.
“Con estos pocos indicadores, salta a la vista que el desafío representado por
la reducción efectiva de la brecha digital en nuestro país, especialmente en
zonas apartadas, sigue siendo grande”, subrayó el Vicecontralor Pardo Zuluaga.
Ecopetrol se prepara para elegir nuevos
miembros de su Junta Directiva
Ecopetrol está en la antesala de una
|
|
importante decisión. Este 28 de marzo, durante la Asamblea
General de Accionistas, la empresa petrolera nacional elegirá a los nuevos
miembros de su Junta Directiva. Los nombres que suenan con fuerza para formar
parte del órgano directivo ya están sobre la mesa y provienen de dos sectores
clave: los accionistas minoritarios y los departamentos productores de
hidrocarburos.
Por un lado, los representantes de los accionistas minoritarios han presentado
la postulación de Luis Felipe Henao Cardona. Henao es abogado y cuenta con una
vasta experiencia de más de 19 años en el sector público y privado. Actualmente,
se desempeña como miembro independiente de la Junta Directiva de Empresas
Públicas de Medellín (EPM) y ha ocupado importantes cargos en el gobierno,
incluyendo el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente. Su perfil lo
convierte en un candidato con una sólida trayectoria y conocimiento en temas
clave para el desarrollo de la industria.
En cuanto a los departamentos productores de hidrocarburos, se ha postulado a
Ricardo Rodríguez Yee, quien también cuenta con una extensa experiencia en el
sector público. Rodríguez Yee fue vicecontralor y es ingeniero industrial con
maestrías en Ingeniería Industrial y Gestión de Organizaciones. Su perfil
técnico y su conexión con las regiones productoras lo colocan como una figura
con un enfoque integral hacia el manejo de los recursos naturales del país.
Este proceso de
renovación llega en un contexto de desafíos para Ecopetrol. Aunque la empresa
registró ingresos por $133,3 billones en 2024, estos fueron $9,8 billones menos
que en 2023. Las utilidades también cayeron un 21,7 % respecto al año anterior.
Según el presidente de la compañía, Ricardo Roa, estos descensos se deben a
factores externos, como la caída del precio del petróleo Brent y la tasa de
cambio, que impactaron directamente en los resultados financieros.
En medio de estos retos, la elección de los nuevos miembros de la Junta
Directiva será crucial para definir el rumbo de Ecopetrol en los próximos años.
La Procuraduría vigilará los incrementos en las tarifas del gas domiciliario
en Colombia
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento detallado de los
aumentos en las tarifas del gas domiciliario en Colombia. Su objetivo es
garantizar que cualquier ajuste en los precios se haga de manera justa,
transparente y conforme a la normativa vigente, para evitar posibles abusos en
detrimento de los usuarios.
El Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes adoptar medidas que
protejan los derechos de los ciudadanos, en especial de los sectores más
vulnerables, frente a los posibles impactos negativos de los incrementos. La
Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía para que revise
las políticas públicas relacionadas con estos aumentos y proponga soluciones
efectivas para mitigar el impacto económico que puedan generar.
Asimismo, instó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a
reforzar la vigilancia sobre la legalidad de los ajustes tarifarios, y a la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a implementar medidas
regulatorias urgentes, considerando la situación actual del abastecimiento de
gas en el país. El ente de control subraya que los precios deben ser razonables
y justos para los consumidores, especialmente en estos tiempos de incertidumbre.
Por último, la Procuraduría exigió a las empresas distribuidoras de gas natural
ofrecer información clara y detallada sobre las razones de los aumentos y su
impacto en los usuarios. Este monitoreo preventivo busca asegurar que los
colombianos continúen recibiendo el servicio de gas de manera eficiente, sin
afectar de manera desproporcionada a quienes más lo necesitan.
|
