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La alarmante inseguridad alimentaria que amenaza
el futuro de los niños colombianos
En Colombia, la inseguridad alimentaria se ha convertido en una de las
principales amenazas para el bienestar de los niños, especialmente en zonas
rurales y en hogares con jefatura femenina. Según un estudio reciente realizado
por la Fundación Éxito, casi un cuarto de los hogares colombianos enfrenta
inseguridad alimentaria moderada, y un porcentaje alarmante del 4,8 % se
encuentra en una situación crítica. Sin embargo, es en las áreas rurales donde
la crisis se siente con mayor intensidad, con tasas que alcanzan el 31,2 % en
inseguridad moderada y el 5,7 % en situaciones graves.
Uno de los resultados más devastadores de esta crisis es la desnutrición crónica
infantil. En Colombia, uno de cada nueve niños menores de cinco años sufre de
esta condición, que afecta gravemente su desarrollo físico y cognitivo. La
fundación que realizó este estudio subraya que la baja talla por desnutrición
tiene efectos irreversibles y compromete el capital humano del país, perpetuando
un ciclo de pobreza que parece imposible de romper.
El impacto de la desnutrición es especialmente dramático en los departamentos de
La Guajira, Cauca y Chocó, donde los índices son alarmantemente altos. En
contraste, zonas como Antioquia y Bogotá presentan cifras más alentadoras,
aunque las desigualdades persisten, especialmente a nivel municipal.
La pobreza extrema es otro factor que agrava la situación. El 77,1 % de los
hogares con tres o más niños menores de 12 años viven en pobreza, mientras que
el 5,7 % de los hogares enfrenta hambre extrema, con al menos un miembro sin
acceso a una alimentación adecuada. La crisis se ve aún más exacerbada por el
alto costo de la alimentación en América Latina, que se ha convertido en la
dieta más cara del mundo, afectando principalmente a los niños.
La Fundación Éxito ha identificado a la desnutrición crónica como un reto clave
para el desarrollo económico y social de Colombia. Los niños afectados por esta
condición no solo enfrentan dificultades en su crecimiento, sino también en su
educación y futura integración al mercado laboral. Para abordar esta emergencia,
la fundación ha puesto en marcha diversas iniciativas, como las terrazas urbanas
y huertas caseras, que buscan proporcionar alimentos frescos a familias en
situación de vulnerabilidad, especialmente en comunidades rurales.
Además, la promoción de la lactancia materna es otra de las estrategias que
buscan reducir la desnutrición, al fortalecer la salud infantil desde los
primeros meses de vida. Sin embargo, la pobreza afecta con mayor severidad a los
hogares encabezados por mujeres, que presentan un 37,7 % de pobreza en
comparación con el 29,5 % de los hogares con jefatura masculina. Esta disparidad
resalta la urgente necesidad de abordar la educación y el bienestar materno como
un factor clave en la prevención de la desnutrición infantil.
En medio de estos desafíos, la situación de inseguridad alimentaria en Colombia
no solo pone en riesgo la salud de miles de niños, sino que también socava las
bases del desarrollo social y económico del país. La crisis exige una respuesta
urgente y coordinada que involucre tanto al gobierno como a la sociedad civil
para garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones.
J.P. Morgan alerta sobre la necesidad de
recortes fiscales en Colombia para cumplir la regla fiscal
La economía colombiana ha mostrado señales mixtas en los primeros meses de 2025,
lo que ha generado preocupación entre los analistas
internacionales, como J.P. Morgan, el gigante bancario estadounidense. Aunque el
país experimentó un crecimiento económico del 2,65 % en enero, el panorama
fiscal sigue siendo incierto y presenta retos importantes que podrían afectar el
futuro cercano.
De acuerdo con el informe del banco, el crecimiento de la economía colombiana en
enero fue impulsado principalmente por el sector de servicios, que creció un 0,6
% intermensual, contribuyendo al 60 % del aumento total de la actividad
económica.
Este sector incluye áreas como el transporte, las comunicaciones y la
administración pública, las cuales tuvieron un buen desempeño, especialmente en
áreas como la
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defensa y los
servicios públicos. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que la agricultura,
parte del sector primario, registró un decrecimiento en comparación con el mismo
mes del año anterior.
A pesar de estos avances en el
sector terciario, el informe de J.P. Morgan destaca una preocupación crucial: el
déficit fiscal del país. Según el banco, el déficit podría alcanzar el 6 % del
Producto Interno Bruto (PIB), lo que coloca al país en una situación fiscal
complicada. Aunque se espera un aumento en los ingresos fiscales durante 2025,
las cifras seguirán siendo insuficientes para cumplir con las proyecciones del
Tesoro, lo que obligaría al gobierno a aplicar medidas estrictas.
En este sentido, J.P. Morgan advierte que, para cumplir con la regla fiscal, el
gobierno colombiano podría verse en la necesidad de realizar recortes de gasto o
incluso infrautilizar el presupuesto en el segundo semestre del año. Estas
medidas, aunque necesarias, podrían tener un impacto en la dinámica económica,
ya que el recorte en el gasto público podría generar una desaceleración de la
demanda interna, lo que sería contraproducente para el crecimiento.
La situación también se ve influenciada por factores externos, como la alta
volatilidad en los mercados internacionales. Los anuncios de Estados Unidos
sobre aranceles y posibles guerras comerciales podrían afectar negativamente a
la economía colombiana, aumentando la incertidumbre. En este escenario, el
riesgo es que la economía experimente una mayor inflación y una depreciación de
la moneda local, lo que complicaría aún más el panorama fiscal.
En conclusión, Colombia se encuentra ante una "paradoja fiscal", donde el deseo
de estimular el crecimiento económico con mayor gasto podría entrar en conflicto
con la necesidad de reducir el déficit y cumplir con las metas fiscales. Si no
se manejan adecuadamente estas tensiones, el país podría enfrentar una mayor
volatilidad financiera y un futuro económico incierto.
No levantar racionamiento de agua en
Bogotá recomendó la CAR
El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred
Ignacio Ballesteros afirmó en las últimas horas que resulta conveniente guardar
prudencia a la hora de fijar plazos para el levantamiento de la medida de
racionamiento de agua en Bogotá y municipios aledaños pues aún los embalses no
logran una recuperación que permita atender la demanda y en su mayoría mantienen
una curva descendente.
El funcionario explicó que pese a que las lluvias de los últimos días han
generado una leve mejora en el nivel de los sistemas de regulación del centro
país, aun se registran descargas en la cuenca alta del río Bogotá de 7,5 metros
cúbicos por segundo, lo que incide en que embalses como El Sisga se encuentren
en un 58 por ciento de su nivel y con tendencia a la baja y Tominé esté en un 40
por ciento de su capacidad , situación que para la CAR resulta preocupante como
quiera que este embalse tarda más de 3 años en llenarse.
“Es conveniente esperar a que se consolide realmente la primera temporada de
lluvias del mes de abril y solo cuando los embalses estén por encima del 50 por
ciento se podría revisar esta medida”, explicó el director Ballesteros.
El Director insistió en la necesidad de entender que aunque ha llovido
intensamente en la parte urbana de Bogotá, no ha ocurrido igual en las
microcuencas abastecedoras de los embalses y aun así se siguen extrayendo cerca
de 17 metros cúbicos por segundo, lo que representa cerca de un millón y medio
de metros cúbicos cada día.
“No basta con que llueva, pero si no llueve lo suficiente para que podamos
almacenar un millón y medio de metros cúbicos diarios no estamos compensando lo
que estamos extrayendo de los embalses y esta es la razón por la cual la
tendencia sigue siendo descendente a pesar de que en los centros urbanos de
Bogotá y la Sabana, tengamos las calles inundadas”, afirmó el director Alfred
Ballesteros.
Mientras tanto, la Corporación avanza en la implementación de medidas
alternativas que permitan hacer frente a la crisis por desabastecimiento hídrico
en el centro del país, con acciones que se vienen implementando desde enero de
2024, cuando se hizo un llamado a las entidades territoriales y a las empresas
de servicios públicos para invertir en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN),
en recuperación de ecosistemas estratégicos, en la compra de predios y trabajo
articulado con las comunidades.
“Avanzamos en procesos de restauración participativa con esquemas como acuerdos
de conservación y pago por servicios ambientales (PSA), así como el
aprovechamiento de aguas lluvias y en la exploración de sistemas alternos |
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como las aguas subterráneas, el reúso de las aguas negras y
grises, la aplicación de criterios de la economía circular no solo en las
industrias, sino también en la cotidianidad de nuestros hogares”, subrayó el
funcionario.
Finalmente, Ballesteros invitó a las autoridades, empresas de servicios públicos
y a la comunidad en general a enfocar los esfuerzos en soluciones estructurales
“pues el desabastecimiento hídrico es un problema que no se va a acabar porque
tengamos dos meses de lluvia o porque los embalses suban, por lo que se hace
necesario entender que estamos enfrentando una nueva realidad generada por el
cambio climático y que tenemos que articularnos para construir soluciones de
mediano y largo plazo”.
JEP archivó trámite sobre hangares en El Dorado
por falta de evidencia
Tras analizar la información entregada por distintas entidades, así como la
inspección efectuada por la UIA, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de
Verdad (SARV) de la JEP concluyó que no existe evidencia que sustente la
presencia de cuerpos sin identificar en los 47 hangares inspeccionados. Ello al
no existir objeto de protección, y por ende la imposibilidad de verificar la
competencia del tribunal, así como los criterios de gravedad y urgencia
necesarios para decretar una medida cautelar. En dicho sentido, la magistratura
ordenó archivar el trámite.
Esta decisión se sustenta en los informes presentados por la Procuraduría
General de la Nación (PGN), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, los
cuales descartan de manera categórica la hipótesis inicial, esto es la presencia
de los 20.000 cuerpos en ese lugar.
Con esta decisión se da por concluido el trámite iniciado el 6 de diciembre de
2024, cuando la Secretaría Jurídica Distrital y la Consejería Distrital de Paz,
Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. le pidieron a esta
Jurisdicción revisar el tema. La solicitud estaba relacionada con el informe
‘Hallazgos preliminares’, publicado un día antes por el Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, en el que se mencionaba la posible presencia de
cuerpos sin identificar en un hangar del Aeropuerto El Dorado.
Ante la gravedad de esta información y con el fin de determinar su competencia
en el caso, la sección ordenó el 11 de diciembre, mediante el Auto AT-SAR 757 de
2024, la recopilación de información. Los resultados de estas investigaciones
fueron concluyentes: los reportes de la UIA y la PGN confirmaron que en los
hangares inspeccionados no se encontraron cuerpos ni estructuras óseas.
Asimismo, el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas no
contempla estos espacios como sitios de interés forense para la UBPD, lo que
descarta su posible uso para la disposición de víctimas de desaparición forzada.
Los reportes también confirmaron que no existe información que permita afirmar
que el Aeropuerto El Dorado o CATAM hayan sido utilizados como sitios de
almacenaje transitorio o disposición de cuerpos relacionados con el conflicto
armado. Asimismo, señalaron que en ninguno de los hangares, bodegas, zonas de
reciclaje, áreas de tratamiento de aguas residuales o zonas fúnebres del
aeropuerto se hallaron los 20 mil Cuerpos No Identificados (CNI) mencionados en
el informe inicial.
¿Por qué la JEP ordena medidas cautelares que protegen lugares?
Las medidas cautelares en el proceso transicional colombiano buscan garantizar y
proteger los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En este contexto,
la JEP ha ordenado medidas cautelares para proteger zonas de interés forense en
donde puedan estar inhumados cuerpos de víctimas de desaparición forzada hasta
que los mismos sean recuperados.
Estas decisiones buscan de garantizar su protección y debida conservación, lo
que redunda en la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación a las víctimas de dicho flagelo en tanto dichas acciones posibilitan
su identificación y entrega digna. Además, de atender problemas estructurales
que, durante décadas, han representado un obstáculo en la búsqueda y
localización de personas desaparecidas en el conflicto armado.
Estas medidas responden a situaciones de gravedad y urgencia, con el propósito
de evitar daños irreparables a personas y colectivos de víctimas, proteger y
garantizar el acceso a información en riesgo de daño, destrucción o alteración,
asegurar la efectividad de las decisiones judiciales y garantizar el
restablecimiento real de los derechos de las víctimas.
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